Comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan y familiares insisten en responsabilidades políticas y militares
La causa que investiga el hundimiento del submarino que dejó 44 víctimas fatales inició su etapa oral en Río Gallegos. Claudio Rodríguez, hermano de uno de los tripulantes, expresó expectativas, cuestionó la falta de peritajes clave y volvió a apuntar contra decisiones presupuestarias y políticas.
Con el inicio del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, familiares de las víctimas vuelven a depositar expectativas en un proceso judicial que llega más de ocho años después de la tragedia ocurrida en noviembre de 2017. Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los 44 tripulantes fallecidos y oriundo de Real del Padre, dialogó con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 en el comienzo de las audiencias y aseguró que, pese al paso del tiempo, la búsqueda de justicia continúa intacta.
“Con muchas ansias esperábamos que empezara a moverse el tema del juicio”, afirmó. Y recordó que durante años el reclamo fue constante: “Siempre que hablábamos decíamos: no hay justicia, no arranca la justicia, ¿qué pasa con la justicia?”.
Los imputados y la sede del juicio
El proceso que se inicia en Río Gallegos tiene como imputados a cuatro altos mandos de la Armada que estaban a cargo de la fuerza al momento del hundimiento. Según explicó Rodríguez, se trata de determinar qué grado de responsabilidad tuvieron en las decisiones operativas y en el estado en el que navegaba el submarino. “Hoy arranca el juicio sobre la responsabilidad de cuatro altos mandos de la Armada”, señaló, y aclaró que se juzga a quienes estaban al frente de la flota de submarinos desde tierra.
La elección de la sede judicial volvió a generar cuestionamientos entre los familiares. Durante años solicitaron que el debate se realizara en Mar del Plata o en la Ciudad de Buenos Aires, por razones logísticas y de cercanía. “Se dio de esta manera”, expresó Rodríguez, quien además confirmó que muchos allegados siguen las audiencias de manera virtual.
La falta de peritajes técnicos
Uno de los puntos más críticos que planteó es la falta de un peritaje profundo sobre el casco del submarino hundido. “Nosotros seguimos cuestionando como familiares que faltan pruebas”, sostuvo. En ese sentido, explicó que era fundamental realizar estudios técnicos con tecnología especializada para determinar si existió una explosión, dónde se produjo y qué la originó. “Había que meter sondas para ver si realmente fue explosión; si fue explosión, qué pasó, dónde fue, dónde explotó”, indicó. Sin embargo, aseguró que esos estudios no se concretaron: “Todo ese peritaje previo, lamentablemente, no se ha hecho”. Por ello, advirtió que el juicio podría desarrollarse con limitaciones probatorias: “El grado de responsabilidad va a tener mucha falta de pruebas”.
Rodríguez también hizo referencia concreta a uno de los imputados, el capitán Héctor Alonso, y a una cláusula firmada que limitaba la profundidad máxima de navegación del submarino. “Una de las cláusulas que había puesto en la navegación era que el submarino no podía navegar con más de 80 metros de profundidad”, explicó. Sin embargo, el ARA San Juan fue hallado a más de 900 metros de profundidad. “Apareció a 905 metros, a 945 metros”, recordó. Y planteó el interrogante que, según su mirada, debería ser eje del debate oral: “Alonso, usted firmó esto, ¿por qué aparecen a 950 metros? ¿Quién dio la orden?”.
Responsabilidades políticas y presupuestarias
Otro aspecto central es el estado técnico de la nave y la falta de ingreso a dique seco para su mantenimiento. Rodríguez detalló que los submarinos debían ser sometidos a este procedimiento cada 18 meses, plazo que luego fue extendido. “Lo extendieron a 24 y pasó a 44 meses sin ir a dique seco”, afirmó. Y vinculó esta situación con la falta de presupuesto: “El submarino llevaba 44 meses sin ir a dique seco. ¿Por qué no fue? Por falta de presupuesto”.
A partir de allí, el reclamo trasciende lo estrictamente militar y alcanza el plano político. Rodríguez señaló la cadena de mandos que, según explicó, llegaba hasta el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad. “Srur se lo notificaba al ministro de Defensa, que era Aguad. Y Aguad le decía: no, no tengo presupuesto”, sostuvo. Y planteó dudas sobre decisiones de mayor jerarquía: “¿Quién más tiene responsabilidad? ¿Se lo decía el expresidente de la Nación o el ministro de Economía? Alguien tiene responsabilidad política”. En ese marco, comparó la situación con la tragedia ferroviaria de Once y remarcó: “¿No hay un ministro que está condenado preso por la tragedia de Once? ¿Por qué no por el submarino San Juan?”.
Espionaje y búsqueda de justicia
La entrevista también abordó la causa por espionaje ilegal a familiares de las víctimas, que derivó en el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia. Rodríguez fue contundente al recordar ese episodio: “Nos mandaron a espiar porque decían que nosotros éramos peligrosos para la figura de Macri”. Y agregó: “Terminamos siendo culpables nosotros y ellos zafando”. Para el familiar, aquello fue claramente “espionaje ilegal”.
Más allá de los cuestionamientos, Rodríguez insistió en que el objetivo principal no es la confrontación política, sino la búsqueda de verdad y justicia. “Simplemente lo que hacemos es lo que creo que nuestros hijos, nuestros hermanos hubiesen hecho por nosotros: buscar justicia”, afirmó. Y añadió: “Es ver que quien tuvo la culpa pague y que no ocurra nunca más una tragedia así”.
Finalmente, recordó la vocación de su hermano por la Armada y el mar. “Mi hermano amaba su profesión”, expresó con emoción. “Lo único que pedimos es justicia por los 44”, concluyó, sintetizando el reclamo que une a las familias desde noviembre de 2017.