Yanina Soledad Lojo, especialista en Comercio Exterior y Finanzas, analizó los alcances del proyecto de modernización laboral que comienza su debate legislativo. Con una mirada técnica y prudente, destacó la necesidad de equilibrar los derechos de trabajadores y pymes para mejorar la competitividad argentina y llevar al país hacia los estándares del siglo XXI.
La competitividad y el costo laboral
Para la especialista, la discusión sobre la reforma laboral no puede darse de forma aislada, sino como parte de un trípode necesario para que las empresas argentinas puedan competir en el mundo. «La competitividad de las empresas argentinas depende de tres claves: el costo impositivo, el costo laboral y la infraestructura. Si bien bajar impuestos es el camino más rápido, la reforma laboral es esencial para reducir la presión sobre el empleador y transformar el empleo informal en trabajo registrado», dijo ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
Sin embargo, Lojo mantuvo la cautela respecto al texto final que emergerá del Congreso de la Nación, dada la dinámica de las negociaciones políticas. «Soy prudente porque el proyecto entra ahora en comisión y probablemente surjan modificaciones. Hay que ver la ley final para entender el impacto real; muchas veces, durante el tratamiento legislativo, las normas sufren cambios significativos», advirtió en medio de la entrevista.
El equilibrio de derechos: trabajadores y pymes
Uno de los puntos más sensibles del debate es si la reforma vulnera conquistas laborales. Lojo planteó que el sistema actual ha generado asimetrías que terminan perjudicando la fuente misma de trabajo. «Al defender los derechos del trabajador, a veces se han vulnerado los del empleador. No hablo de multinacionales, sino de la pyme que cierra por bloqueos sindicales; en esos casos, pierde tanto el que da el empleo como el trabajador que se queda sin su puesto», señaló.
Para la analista, la modernización es una herramienta para salir de esquemas que considera obsoletos. «No creo que esta reforma atente contra derechos claves; al contrario, en algunas cosas lleva a la Argentina al siglo XXI porque adopta cuestiones que el resto del mundo ya ha implementado. Hay puntos que hoy han quedado arcaicos y no representan la realidad laboral actual», opinó en relación con ese tema.
El rol de los sindicatos y la comunicación oficial
Respecto a la resistencia de los sectores gremiales, la especialista consideró como natural el recelo ante el cambio, pero pone la responsabilidad de la viabilidad del proyecto en la capacidad de explicación del gobierno nacional. «La función de los sindicatos es asegurarse de que no se vulneren derechos y es lógico que ante la incertidumbre tengan recelo. Aquí el oficialismo tiene que explicar muy bien la ley para que quede claro qué cambios son y cómo impactan positivamente. Cuanto más consenso haya con los diferentes actores, menos resistencia tendrá el proyecto», aseveró al respecto.
Por último, Lojo señaló que el punto de éxito de la ley se medirá por su capacidad real de incentivar la registración laboral. «El éxito de la medida estará en si se logra la conversión de empleo informal a formal. Para eso es clave desarmar la industria del juicio y facilitar que quien tiene un empleado de manera informal pueda ingresarlo al sistema sin que eso signifique una presión asfixiante», completó.
