El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley que busca otorgar un marco legal a la intervención de inmuebles abandonados que son utilizados para la comisión de delitos, como depósito de cosas robadas o venta de droga conocidos popularmente como «aguantaderos» o «búnkeres». La iniciativa ya ingresó a la Legislatura provincial y comenzará a ser analizada en comisión durante los próximos días.
El diputado provincial Franco Ambrosini (UCR) explicó que la propuesta tiene como objetivo convertir en ley un procedimiento que el Ministerio de Seguridad ya venía aplicando mediante resoluciones administrativas.
«Lo que tiene por fin esta ley es que el Ministerio tenga la posibilidad de avanzar y recuperar esas propiedades que terminan perjudicando derechos a los ciudadanos de bien y les dan mayores posibilidades a los delincuentes para cometer delitos», afirmó el legislador a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.

Ambrosini aclaró que la intervención sobre los inmuebles estará sujeta a un procedimiento específico y que no podrá realizarse de manera automática. Según detalló, el proceso podrá iniciarse a partir de una denuncia de vecinos o por una constatación realizada por la Policía, tras lo cual se verificará si el inmueble efectivamente es utilizado para actividades delictivas.
Posteriormente, el propietario será notificado de la situación y dispondrá de un plazo de 5 días para efectuar su descargo. Además, está previsto que intervengan los municipios y otros organismos públicos, con la posibilidad de firmar convenios para colaborar en cada procedimiento.
El diputado sanrafaelino también respondió a las dudas sobre la posibilidad de que una vivienda sea demolida aun cuando su propietario solo pretenda recuperarla tras una usurpación. En ese sentido, explicó que la demolición no será una medida automática.

«Si la propiedad está en condiciones de ruina se avanzará en la demolición. Si está en buenas condiciones no se demolerá; se recuperará y asegurará. En algunos casos se restituirá al propietario y, si continúa abandonada, podrá tapiarse para evitar nuevas usurpaciones o actividades delictivas», precisó.
Respecto del estado legislativo de la iniciativa, Ambrosini indicó que el proyecto ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados, ya tomó estado parlamentario y comenzará a debatirse en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde será presentado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Por otro lado, el legislador también fue consultado por la polémica generada tras conocerse que un grupo de internos mendocinos participó de una transmisión por streaming desde un establecimiento penitenciario.
Ambrosini respaldó la actuación del Gobierno provincial y sostuvo que ya se adoptaron medidas disciplinarias. «La Ministra fue muy clara. Se avanzó contra los penitenciarios corruptos, fueron sancionados y despedidos, se trasladó a los delincuentes involucrados y se procedió al secuestro de los celulares», expresó.
Además, remarcó la postura del oficialismo frente a este tipo de hechos. «A los que delinquen hay que caerles con toda la fuerza de la ley. Tenemos que poner como prioridad a los ciudadanos de bien«, concluyó.



