La fascinación por las planillas de cálculo de la administración libertaria suele correr a contramano de las necesidades elementales de las mayorías. La premisa de subordinar el tejido social al rigor de la contabilidad pública no es una novedad, pero la profundidad con la que hoy impacta en los sectores vulnerables adquiere características alarmantes.
Las políticas económicas implementadas por el gobierno de Milei han erigido al equilibrio fiscal y a la baja inflacionaria como métricas absolutas de éxito. Sin embargo, la distancia entre las metas macroeconómicas y la cotidianeidad de los barrios populares evidencia una grieta ética insoslayable: ¿de qué sirve exhibir una inflación bajo relativo control o pregonar el déficit cero si el costo directo es que familias enteras pasen hambre de verdad?
El reciente informe del Instituto Periferias elaborado sobre la realidad de los sectores vulnerables pone de manifiesto una transformación dramática en los patrones de consumo. Ya no se trata de una desaceleración del poder adquisitivo, sino de una degradación viva de la subsistencia. En ese sentido, la investigadora Karina Ferraris fue contundente ante FM Vos al diagnosticar la naturaleza de este fenómeno: “El endeudamiento en los barrios populares cambió de matriz; hoy la familia no pide crédito para equipar su casa o encarar una mejora, sino para financiar la canasta básica de alimentos y garantizar la comida diaria”. El fiado en el comercio de cercanía y la acumulación de saldo en tarjetas de crédito a tasas insostenibles se han convertido en la única vía para sostener el plato en la mesa.
Esta asfixia financiera desencadena, además, un deterioro biológico inmediato en la población infantil. Tal como advierte Ferraris, “asistimos a un proceso severo de sustitución alimentaria donde las proteínas, la carne y los lácteos son reemplazados por hidratos de carbono, harinas y fideos, priorizando el llenado por sobre la nutrición”. La inseguridad alimentaria pasa así de ser una estadística lejana a encarnarse en la malnutrición estructural de las nuevas generaciones.
En el plano local, el almacenero de barrio, actor central de la economía comunitaria, asume el rol de financiador involuntario de la contención social. Al sostener la libreta de fiados para que los vecinos no se queden sin pan o leche, el comerciante local pone en riesgo su propio capital operativo. A la par, las instituciones de asistencia y los comedores de nuestro departamento se encuentran desbordados por familias que hasta hace poco tiempo lograban autoabastecerse con el fruto del trabajo informal o la changa.
Frente a semejante escenario de desamparo, el análisis político enfrenta una severa paradoja. Si la lectura de la gestión se ajustara linealmente a los niveles de privación en el plato de comida, la conducción económica responsable de este estado de situación carecería de toda viabilidad de cara al 2027 electoral. No obstante, las principales encuestas de opinión pública continúan mostrando a Milei en carrera y con niveles de competitividad considerables. Esta distorsión sugiere que una porción significativa de la sociedad permanece atada a la promesa de un cambio estructural o anestesiada por el desencanto con gestiones pasadas, tolerando un costo social que en cualquier otro periodo histórico hubiese resultado insostenible. El límite de todo modelo económico estriba en la capacidad de resistencia del ser humano. La gobernabilidad no se consolida únicamente en la aprobación de los mercados ni en la frialdad de un balance presupuestario, sino en la paz social que otorga la dignidad del sustento. Sin comida en las mesas de la gente, el superávit no es una victoria macroeconómica, sino una abstracción dolorosa.
