La exjueza Alejandra Claudia Velázquez fue condenada acusada de ofrecer dinero en expedientes de adopciones, el veredicto se logró luego de la confesión de la magistrada destituida y, pese a la pena establecida, no irá a la cárcel debido al beneficio de la condicional.
Velázquez fue sentenciada a tres años de prisión por el delito de cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública en un juicio abreviado donde confesó que reclutó a empleadas para que buscaran a mujeres embarazadas o niños en condiciones de adoptabilidad en Pilar y así poder beneficiar a matrimonios de alto poder adquisitivo de los countries de la zona.
En el fallo se destaca que la ex magistrada les ofreció dinero a dos funcionarias públicas con la intención de influir indebidamente en actuaciones que debían desarrollar dentro de procesos de adopción y, pese a que ambas mujeres rechazaron de manera inmediata, para la Justicia cometió un delito solo con el ofrecimiento.
Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante varios años, pero la olla se destapó en 2017 cuando se conoció que fue destituida de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires al estar detrás de la propuesta de dinero para buscar a embarazadas en estado de vulnerabilidad y entregar al bebé a familias adineradas, según destaca el medio local Resumen.
Todo comenzó cuando se empezó a investigar las diversas ausencias de la funcionaria en el Juzgado, lo que derivó en la toma de testimoniales de empleados, algunos de los cuales confesaron haber recibido propuestas de adopciones irregulares y una de las empleadas recordó que la ex magistrada le dijo que tenía como objetivo “conseguir panzas” y agilizar trámites.
Tras su apartamiento, se ordenó un pedido de captura internacional, lo que derivó que en julio de 2024 Interpol determinó que se encontraba en España, por lo que el 21 de agosto de 2025 fue extraditada a la Argentina donde permaneció detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Tigre.
En el juicio abreviado que se llevó a cabo, el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro, tras un acuerdo entre las partes, la condenó a tres años de prisión y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante seis años.
