El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), radicado en Nicaragua, fue condenado en ausencia a 14 años de prisión en El Salvador por haber facilitado una tregua con pandillas durante su mandato, informaron autoridades.
«El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años de prisión«, indicó la Fiscalía General de la República (FGR) en un video en su cuenta de Twitter.
El exmandatario de izquierda recibió una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de integrar agrupaciones ilícitas y otros seis años por el delito de incumplimiento de deberes, dijo la Fiscalía.
En tanto, el exministro Munguía Payés recibió ocho años de prisión por el delito de integrar agrupaciones ilícitas, otros seis años por incumplimiento de deberes y cuatro años más por actos arbitrarios, agregó la FGR, informó la agencia de noticias AFP.
«Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre 2011 y 2013, para beneficiar al gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones», indicó la FGR.
Esta situación era como una «negociación entre pandillas», agregó.
En 2012 hubo una tregua con las pandillas que empujó a una baja en los homicidios y a contó con el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Funes, de 63 años, quien enfrenta otros procesos ante la justicia salvadoreña por supuestos actos de corrupción, se marchó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo.
Posteriormente, en julio de 2019, el Gobierno del presidente Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.
La Fiscalía comenzó indagaciones sobre la tregua con pandillas en 2016 y en noviembre de 2022 un juzgado de San Salvador, a pedido de la Fiscalía, ordenó la detención del exmandatario por presuntos delitos relacionados a este caso.
El actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lanzó en marzo de 2022 una «guerra» contra las pandillas que ejercían control territorial en buena parte del país, enviando a prisión a casi 69.000 presuntos pandilleros, en virtud de un régimen de excepción.
La cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos, organismos de la ONU y la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele.
