La persistencia en los dogmas económicos suele chocar, tarde o temprano, contra la implacable crudeza de la estadística oficial. Desde los despachos del poder libertrario se instaló con insistencia la premisa de que la rigidez de las normas laborales constituía el principal freno para la creación de puestos de trabajo en el país. Bajo esa lógica, la receta aplicada con la Ley de Flexibilización Laboral -ideada por Federico Federico Sturzenegger y aprobada por el mileísmo y sus socios- consistió en erosionar protecciones y flexibilizar condiciones, prometiendo que un marco normativo más laxo impulsaría de inmediato la contratación formal y el dinamismo empresario. Sin embargo, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al primer trimestre de 2026 echan por tierra esa narrativa y revelan una transformación radical y regresiva en la estructura ocupacional del país.
Si bien las cifras globales de los últimos tres años muestran un incremento nominal en el volumen total de personas ocupadas, al desglosar el fenómeno se observa que el motor de ese supuesto crecimiento no es la inversión formal ni el blanqueo de la economía, sino la expansión incesante de la precariedad. El incremento acumulado se explica casi en su totalidad por el crecimiento del cuentapropismo de subsistencia (490.000 puestos) y del empleo asalariado no registrado o “en negro” (191.000). En la vereda de enfrente, el trabajo en relación de dependencia registrado continúa achicándose de manera sistemática (se perdieron casi 200.000 mil puestos).
La realidad cotidiana de nuestra región, al igual que en el resto del país, demuestra que la pérdida de derechos no genera genuino bienestar ni estimula la inversión productiva de calidad. Lo único que logra institucionalizar es un mercado de trabajo a la intemperie, donde miles de trabajadores quedan desprovistos de toda cobertura previsional, obra social o estabilidad mínima. Apostar a que la salida de la crisis se sustenta en la precarización de la mano de obra es condenar a las grandes mayorías a una fragilidad permanente, mientras los indicadores oficiales celebran un crecimiento de cartón que licua la dignidad del esfuerzo cotidiano.
