Contra delitos y estafas virtuales quieren crear por ley el Agente Encubierto Informático

En el Senado tratará un proyecto que busca incorporar la figura de evidencia digital en la legislación de Mendoza. Esta herramienta se podrían prevenir y resolver delitos virtuales, como acosos, estafas, robo de cuentas bancarias o tráfico de pornografía infantil.

La iniciativa llegó a la Legislatura a través de Santiago Garay, fiscal de Delitos Informáticos, hace más de un año. Con el despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que estudió la propuesta, podrá ser debatida en el recinto en los próximos días.

Este proyecto de ley crea una figura que si bien es antigua para otros delitos como el narcotráfico, es novedosa para la criminalidad informática, por eso se plantea la modificación del Código Procesal Penal de la provincia. Se trata de «El Agente Encubierto Informático», agentes especiales en informática camuflados con identidad falsa y que con la debida autorización del juez de Garantías podrán infiltrarse en organizaciones criminales para detectar a los delincuentes y recolectar pruebas que los incrimine.

De esta manera, el fiscal busca brindar herramientas para prevenir y resolver a tiempo delitos con modalidad virtual como acosos, estafas, suplantación de identidad, robo a cuentas bancarias, hackeos, tráfico de pornografía infantil, entre otras. 

También crea el «Registro de un sistema informático e incautación de datos», una modalidad de incautación y conservación de registros informáticos, como computadoras, archivos, sistemas, entre otros, es decir que no son fotos ni papeles, y que no están previstos específicamente en la normativa actual. Así, se establece el modo de secuestro y registro, con la posibilidad de extenderse a sistemas remotos de archivo de datos, pero con el control de peritos de parte y con su debida registración en video, para que se puedan asegurar las garantías del imputado.

A su vez, en el texto de la iniciativa se explica que prevé limitaciones al registro y uso del material secuestrado y conservado para su exclusivo uso judicial. También la posibilidad de exigir a terceras personas aportar de manera preventiva datos informáticos contenidos en sus sistemas para ser almacenados y que no puedan ser borrados o destruidos. De esa forma podrán ser utilizados como evidencia en investigaciones largas y complejas.

«Presenté el proyecto como ciudadano y no como fiscal, yo trabajo de fiscal y antes soy ciudadano. Siempre me interesó preservar la intimidad de las personas y la tecnología es muy invasiva por lo cual es necesario ponerle un coto», explicó Garay.

En tanto, el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, quien participó de la última reunión de LAC, afirmó: «La presencia del Poder Ejecutivo es porque nos interesan en este tipo de procesos, sabiendo que se ha avanzado mucho en reformas procesales. Es importante este tipo de herramientas digitales ya que ha cambiado el paradigma en la actualidad, no sólo se necesita obtener evidencia física sino también datos».

La iniciativa plantea también la necesaria adecuación de la legislación a lo que estableció a principios del siglo la Convención de Budapest de 2001 sobre ciber delincuencia, a la que adhirió la Argentina en 2018, la cual compromete a los estados que forman parte a ajustar su normativa penal a la asistencia y cooperación internacional.

El presidente del bloque de senadores del Frente Cambia Mendoza, Martín Kerchner, consideró: «Es indispensable trabajar en este proyecto ya que lo que busca es tratar de empezar a traer, el Código Procesal Penal y las herramientas que utiliza un fiscal para los delitos penales a nuestro siglo, ya que lo delitos cibernéticos todos los días crecen y hay q atacarlos con mayor eficiencia».

También pidió el compromiso de la oposición en el tratamiento de este proyecto: «Creemos que es una herramienta central por lo que esperamos contar con el acompañamiento de todo el cuerpo político de la provincia, porque después de todas las cosas que vienen pasando en la Argentina y en el mundo con los femicidios necesitamos herramientas útiles para prevenir, detectar y resolver a tiempo las modalidades de acoso y engaños virtuales. Además esta normativa establece derechos, garantías y normas Constitucionales que protegen el derecho a la intimidad debido a que interviene un juez de garantías para que el fiscal no pueda hacer lo que quiera, sino que este también, tiene un mayor control».

Fuente: El Sol