Control alimentario y rural: la provincia implementa un nuevo sistema regulatorio para el transporte de sustancias
Tras la derogación de la histórica normativa de la década del sesenta, Mendoza puso en marcha un moderno marco legal virtual y gratuito que busca garantizar la inocuidad alimentaria y combatir el delito en zonas productivas. Leandro Roldán, director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, explicó el alcance de la flamante resolución que rige en las rutas provinciales, detalló el impacto de los operativos de decomiso y destacó el rol clave de la documentación obligatoria para certificar la procedencia legal de las mercaderías.
La nueva medida dictada por la cartera agroindustrial surge de la necesidad imperiosa de adecuar las herramientas de control del Estado mendocino tras las recientes reformas legislativas que dejaron sin efecto normativas obsoletas, pero que eran el único sostén de inspección en las rutas. «Esta nueva resolución que emitimos desde la dirección tiene que ver con la necesidad de contar con un soporte legal para poder realizar controles de productos alimenticios, tanto en su condición de materia prima como de producto elaborado o listo para el consumo humano. Esta herramienta viene a reemplazar un vacío que había quedado luego de la derogación de la Ley 3514, una norma del año 1969 que fue dada de baja recientemente en el marco de las leyes de hojarasca, dejándonos temporalmente sin la posibilidad de intervenir en el control y la trazabilidad», dijo Roldán ante la audiencia de FM Vos 94.5.
«Al ser nuestra dirección la Autoridad de Aplicación del Código Alimentario en la provincia de Mendoza, la medida nos devuelve el marco regulatorio indispensable para realizar un control eficiente en las unidades de transporte de alimentos, ya sea en estado fresco, materia prima o procesado», indicó.
Digitalización, gratuidad y combate al robo rural
A partir de la vigencia de la resolución, los transportistas deben acreditar de manera obligatoria la trazabilidad de la carga. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial aclararon que el trámite de habilitación se adaptó a las nuevas plataformas digitales para evitar costos y demoras burocráticas a los trabajadores del sector. «Las unidades de transporte de alimentos tienen que estar registradas. La emisión de esos permisos y autorizaciones dependen exclusivamente de nuestra dirección, pero es un trámite que ahora se realiza de forma 100% virtual a través del sistema Ticket de la provincia de Mendoza y no tiene costo para nadie. En las rutas, la mercadería que viaja debe contar con la documentación que avale de forma fehaciente su origen y destino, como las guías, los remitos y el Documento de Tránsito Vegetal (DTV)», detalló el directivo.
«Esto responde también a una fuerte ocupación que tenemos desde el gobierno de la provincia, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, orientada a la prevención y la disuasión del robo de materias primas y el delito rural. Buscamos resguardar el esfuerzo de los productores mendocinos», enfatizó.
La regularización como meta y la sanción como último recurso
Lejos de perseguir un fin puramente recaudatorio o punitivo que entorpezca la logística del sector, la dirección agroindustrial implementa un criterio de docencia comercial en los puestos camineros, instando a los choferes a subsanar las faltas administrativas en origen. «Generalmente lo que detectamos y en lo que más trabajamos es en el segmento de productos frescos o materia prima viva. Muchas veces sucede que el transportista no lleva la documentación simplemente porque en la finca o el empaque de origen no se la entregaron. Cuando detectamos esto con el apoyo de la Policía Rural, no aplicamos una multa directa de inmediato, sino que les solicitamos que regresen al lugar de origen, generen el DTV o la guía de traslado correspondiente y vuelvan al puesto», explicó el entrevistado.
«Una vez acreditado el trámite, el vehículo circula con normalidad. Buscamos regularizar la producción que sabemos que es de origen lícito pero que carece de papeles. La sanción y el decomiso definitivo quedan reservados exclusivamente como último recurso, cuando se consta que la mercadería es fruto de un ilícito o cuando no hay forma de explicar su procedencia», agregó.
Responsabilidad al volante en las rutas mendocinas
Respecto a la convivencia diaria entre los inspectores y los choferes de carga en los retenes de control, el funcionario provincial desmitificó que existan focos de conflicto recurrentes o resistencias corporativas ante las exigencias de la nueva normativa. «A veces se cree que se generan tensiones porque muchos choferes realizan fletes cortos o changas y ven esto como una traba a su jornada laboral, pero la verdad es que los transportistas mendocinos son siempre muy responsables», coincidió Roldán.
«Cuando operan de manera profesional saben perfectamente qué papeles tienen que llevar arriba del camión. Si efectivamente se comprueba una falta documental en ruta, más allá de la molestia lógica y momentánea del control, regresan a la finca, cumplen con lo que establece la ley y vuelven a salir. No hemos registrado mayores inconvenientes ni agresiones hacia nuestros inspectores ni hacia el personal policial. La resolución ya está plenamente vigente tras su publicación en el Boletín Oficial y el sistema de fiscalización está aceitado y funcionando al 100%», confirmó al cierre de la nota.
Fiscalización por calendario: la ruta de las cosechas
La intensidad de las inspecciones camineras se rige bajo un estricto criterio estacional, haciendo foco en los flujos geográficos y temporales específicos de cada matriz agrícola local. Dentro de esta dinámica, la estrategia por temporadas se consolida como el eje ordenador: si bien los controles se ejecutan de forma ininterrumpida durante los doce meses del año, la dirección incrementa los retenes de manera estratégica coincidiendo de forma exacta con los picos de cosecha de cada sector productivo, que es cuando el volumen de carga se multiplica en las rutas.
Este despliegue se organiza minuciosamente a través del mapa de los operativos. El esquema anual se despliega de manera cronológica acompañando la problemática delictiva y comercial de cada fruto. La rotación de las inspecciones se inicia con la temporada de los frutos secos, continúa con el fuerte movimiento del ajo durante el verano, se traslada al complejo olivarero y la aceituna en la actualidad, y posteriormente migra hacia las zonas de producción de cereza y durazno, adaptando la presencia estatal a la vulnerabilidad de cada economía regional.
La efectividad de esta calendarización ha arrojado resultados tangibles y medibles para el sector productivo. Durante los meses de enero y febrero, los procedimientos focalizados en las rutas provinciales permitieron la intervención preventiva de 680 toneladas de ajo que circulaban con severas irregularidades documentales, logrando encauzar de forma exitosa la mercadería hacia el circuito formal y protegiendo el valor de la producción local frente al comercio clandestino o el delito rural.