La mayoría kirchnerista de la Cámara de Senadores convirtió en ley por 40 votos a favor y 30 en contra un proyecto de régimen legal del teletrabajo. La iniciativa cuestionada por la oposición establece condiciones mínimas para esa modalidad de empleo, dejando en manos de los sindicalistas las condiciones específicas para el desempeño de cada actividad que deberán ser fijadas en las negociaciones colectivas.
La ley establece que los teletrabajadores gozarán de iguales derechos y obligaciones que el personal que trabaje de manera presencial y que su salario no podrá ser inferior al de este último. La duración de la jornada laboral debe constar en el contrato colectivo y el teletrabajador tiene derecho a la desconexión, esto es, a no ser requerido fuera de su horario asignado o durante los períodos de licencias.
Los teleempleados que tengan a su cargo menores de 13 años, discapacitados o adultos mayores, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas que les demanden su cuidado.
Por otra parte se garantiza que el traslado de quien trabaja en una posición presencial hacia la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y el consentimiento debe prestarse por escrito. En un punto que generó controversia el proyecto determina que el consentimiento prestado para pasar a la modalidad de teletrabajo es reversible sin aviso previo en cualquier momento de la relación laboral.
Más allá del discurso de ampliación de derechos del oficialismo, todas las garantías enumeradas en el proyecto, como observó el oficialista Mario Páis, ya están incluidas en la legislación vigente.
La principal crítica opositora, en tanto, estuvo dirigida a que el proyecto desalentaría la creación de empleos y al hecho de que el oficialismo no había aceptado ni uno de los cambios propuestos por Juntos por el Cambio, alegando razones de urgencia, a pesar de que la nueva ley comenzará a regir 90 días después de terminada la cuarentena.
El miembro informante, el sindicalista peronista Daniel Lovera, alegó que la norma no buscaba promover el empleo y que eso se haría mediante otra herramienta. El macrista Esteban Bullrich por su parte pronosticó que “destruirá” puesto de trabajos, aumentado la incertidumbre. El discurso más franco del kirchnerismo estuvo a cargo del santafecino Roberto Mirabella que aseguró que ese sector no quiere que se “fragmente el colectivo de los trabajadores”, modo elíptico de refererirse al poder sindical.
