La Cámara de Diputados convirtió en ley -por mayoría de votos- la iniciativa del Poder Ejecutivo que contempla la adhesión al RIMI, la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos y la liquidación de activos de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO). El Senado aprobó la llamada “ley macro” con cambios la iniciativa en la sesión de este martes, por lo que regresó a Diputados. Apenas 24 horas después, este miércoles, se votó sobre tablas en la Cámara baja para su aprobación definitiva.
Mendoza adhiere al RIMI
En lo que respecta al RIMI, se trata de un programa nacional orientado a estimular inversiones productivas durante los próximos dos años mediante ventajas tributarias para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Entre los principales incentivos figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA, con el objetivo de facilitar nuevos proyectos de inversión.
La propuesta elaborada por el Ejecutivo provincial incorpora un esquema de beneficios complementarios para potenciar el impacto del régimen en Mendoza. Uno de los principales puntos contempla la estabilidad impositiva, lo que garantiza que las firmas adheridas no sufrirán incrementos en la carga tributaria provincial durante la vigencia del programa.
Además, el proyecto establece prioridad para acceder a líneas de financiamiento con subsidio de tasas y otras herramientas crediticias provinciales. También prevé un tratamiento preferencial en programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, junto con el acceso prioritario a iniciativas destinadas a fomentar el empleo.
La iniciativa también apunta a facilitar la instalación de nuevas industrias mediante el acceso preferente a parques industriales y otros espacios productivos administrados por la Provincia. Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca mejorar las condiciones para captar inversiones privadas, impulsar el crecimiento de las MiPyMEs y consolidar el desarrollo del entramado productivo mendocino.
Reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos
El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público. Como anticipó El Sol, los casinos atraviesan una delicada situación en lo que a números refiere.
La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.
Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.
Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal”, garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.
Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.
A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.
Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.
El Fondo para la Transformación y el Crecimiento, disuelto
El Fondo fue creado por la Ley 6.071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.
Desde entonces, el organismo se convirtió en el principal brazo financiero del Estado para el sector privado, otorgando créditos por un total superior a los US$ 1.100 millones. Su función ha sido clave para tecnificar fincas, financiar equipos de riego, protección contra heladas, compra de ganado e insumos industriales. El Fondo mantiene líneas para compra de uva, gastos de elaboración y acarreo para productores.
A diferencia del mercado financiero tradicional, el Fondo permitía que un productor accediera a tasas más convenientes y, fundamentalmente, a modalidades de pago adaptadas al ciclo biológico y económico del campo (cuotas anuales o semestrales con periodos de gracia), permitiendo que el Estado apoyara a la empresa sin intervenir directamente en su gestión.
Según el Gobierno, con el paso de los años y como consecuencia de distintos procesos macroeconómicos, las políticas de financiamiento implementadas y el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo, la disponibilidad patrimonial se redujo de manera significativa. Actualmente, su funcionamiento depende principalmente de aportes del Presupuesto provincial.
El proyecto aprobado propone su “refuncionalización”. Entre las nuevas funciones que se priorizarán se encuentran:
- Subsidio de tasas de interés para créditos otorgados por entidades financieras privadas.
- Fortalecimiento de las capacidades de las pymes mendocinas para mejorar su acceso al sistema financiero tradicional.
- Intervención ante situaciones coyunturales o emergencias económicas que requieran asistencia específica.
Además, regula el proceso vinculado al personal de la Administradora y establece distintas alternativas para garantizar una transición ordenada, y establece que el liquidador designado podrá transferir bienes, créditos y obligaciones del organismo a otras entidades estatales.
Por último, el proyecto prevé avanzar en el cierre definitivo de antiguas carteras crediticias con bajos niveles de recupero, permitiendo declarar incobrables aquellos créditos donde ya se agotaron todas las instancias de cobro.
Liquidación de los ex bancos provinciales y baja de activos incobrables
En otro orden, se apunta a eliminar activos sin posibilidad de recupero, destrabar situaciones legales de larga data y avanzar en el cierre definitivo de un proceso histórico. El objetivo es fortalecer la transparencia y eficiencia de la administración pública.
Así, el proyecto pretende avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los ex bancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década de 1990.
Busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años. La iniciativa también propone adecuar el marco normativo vigente, eliminando disposiciones que dificultan este proceso y simplificando procedimientos administrativos para hacerlo más ágil.
En paralelo, con esta norma se busca reducir riesgos de litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica, al cerrar procesos pendientes y evitar nuevos conflictos derivados de la permanencia de estos créditos en los registros oficiales.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/cornejo-consiguio-en-la-legislatura-la-aprobacion-de-su-ley-macro/
