Corredores inmobiliarios y Ley de Alquileres: el boomerang de la desregulación absoluta
El debate sectorial encendido por el proyecto del oficialismo nacional para eliminar la obligatoriedad de la matrícula de los corredores inmobiliarios ofrece una oportunidad analítica indispensable para revisar no solo el alcance de las políticas de desregulación vigentes en este año 2026, sino también las profundas contradicciones éticas que atraviesan a los distintos actores del entramado económico. La advertencia de los colegios profesionales sobre el riesgo inminente de estafas y la desprotección patrimonial de los ciudadanos frente a la informalidad no es un diagnóstico errado; es, sin embargo, el reflejo tardío de quienes descubren las consecuencias del desamparo estatal recién cuando el algoritmo de laboratorio amenaza sus propias incumbencias.
Para comprender la fisonomía de este conflicto es necesario apelar a la memoria reciente. El sector inmobiliario funcionó como una de las vanguardias más entusiastas a la hora de militar la derogación de la Ley de Alquileres, bajo la firme premisa doctrinaria de que la intervención del Estado constituía un obstáculo insalvable para el desarrollo del mercado. La hipótesis oficial se cumplió en una de sus variables: la oferta de inmuebles en alquiler se incrementó notablemente. No obstante, la realidad material desmintió de manera categórica el dogma liberal que aseguraba que la mayor oferta derribaría los precios por imperio de la libre competencia. En departamentos como San Rafael, los valores se indexaron a niveles prohibitivos para el salario medio y los contratos se fragmentaron, arrastrando a la inmensa mayoría de los inquilinos a una situación de vulnerabilidad habitacional sin precedentes. Mientras la desregulación asfixiaba a las familias trabajadoras, el silencio o la complacencia del sector corporativo fue casi unánime.
La paradoja actual radica en que el proceso de disolución institucional ensayado por el gobierno mileísta carece de fronteras de privilegio. Al avanzar la desregulación sobre la eliminación de las matrículas obligatorias y desmantelar el rol del Estado como policía de las profesiones, la lógica del «sálvese quien pueda» ingresó finalmente en los despachos de quienes la promovían para los demás. El reclamo corporativo que hoy presenciamos expone una faceta recurrente de la sociología política argentina: la adscripción al ajuste fiscal y a la flexibilización de las normas siempre y cuando el impacto de la intemperie jurídica recaiga sobre los demás.
La seguridad patrimonial de las familias en las transacciones inmobiliarias es un bien público que merece ser resguardado por regulaciones estrictas y profesionales idóneos. Privar a la comunidad de la garantía que otorga un corredor matriculado es un retroceso civil evidente. Sin embargo, este crujido en la estructura intermedia debe servir como una lección pedagógica sobre los límites del individualismo extremo. La pretensión de habitar una república con cuentas fiscales ordenadas a costa de dinamitar los marcos de contención legal e institucional genera un ecosistema hostil donde nadie, a la larga, permanece a salvo. A la vista está…