La nueva resolución de desregulación impulsada por el gobierno nacional en el ámbito vitivinícola generó un fuerte apoyo de la industria en su búsqueda por reducir la burocracia del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Sin embargo, un punto específico desató una profunda preocupación en las cámaras empresariales y en los gobiernos provinciales: la decisión de volver opcional el Certificado de Ingreso de Uva (CIU).
Así lo explicó el sanrafaelino Pablo Asens, vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y representante de la Federación de Cámaras Vitícolas, tras participar en el encuentro con el ministro de la Nación Federico Sturzenegger en Mendoza.
En diálogo con FM Vos 94.5, confirmó que la industria celebra el espíritu desregulador de la resolución, pero enfatizó que no pueden ser flexibles en el tema de la trazabilidad. «Hay puntos que le solicitamos al ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, que se revean, ya que pueden poner en peligro la trazabilidad de nuestros vinos. El más álgido es el Certificado de Ingreso de Uva que buscan dejar de manera opcional y nosotros pedimos que sea obligatorio» afirmó Asens al principio del reportaje.
Según la COVIAR, el CIU no es solo un trámite administrativo, sino el punto de partida de la vendimia que otorga seguridad jurídica al productor sobre los kilos y el grado azucarino entregado. «Más importante aún, es el inicio de la cadena de trazabilidad necesaria para que el vino argentino mantenga su prestigio ante los consumidores globales», comentó el vicepresidente de COVIAR al respecto.
El ministro se mostró inflexible en este punto, alegando que la resolución busca bajar costos y disminuir los procedimientos administrativos. Sin embargo, Asens fue contundente al refutar esta postura. «La generación del CIU no tiene costos ni una gran carga burocrática, pero es fundamental para sostener algo tan importante como es la trazabilidad en el vino argentino», destacó.
La influencia de la “oficina de Buenos Aires”
La preocupación del sector radica en la percepción de que la decisión ignora la realidad productiva y atiende a intereses particulares ajenos al universo vitivinícola completo.
En ese sentido, Asens advirtió que detrás de la insistencia en la opcionalidad hay una falta de comprensión: «Lo que a veces nos pasa es que hay bodegueros y CEOs de bodegas que no salen de la oficina en Buenos Aires y no tienen esta relación con el productor. Realmente creen que se puede dejar todo liberado en el caso de la vitivinicultura y no es tan sencillo», opinó.
Consenso absoluto: el llamado de la industria y los gobiernos
La postura a favor del CIU obligatorio no es exclusiva del sector privado. El reclamo unifica a toda la cadena de valor y a los poderes ejecutivos provinciales, según Asens. «Después de haber escuchado dos horas a más de 30 personas que repitieron lo mismo, él (por el ministro Sturzenegger) debería darse cuenta e inmediatamente repensar este punto. La industria está pidiendo esto, los gobiernos provinciales lo mismo. Ministros de San Juan y Mendoza fueron claros: dejen el Certificado de Ingreso de Uva de manera obligatoria» sentenció Asens, recordando la intervención de los ministros Vargas Arizu de Mendoza y su par de San Juan.
«Provincias con tradición vitivinícola como San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, y Río Negro, solicitaron de manera unánime mantener la obligatoriedad. El sector advierte que no quieren echar por tierra la buena fama que tienen los vinos argentinos por algo tan sencillo como este procedimiento», agregó.
Los riesgos de la imprudencia: estiramiento y mercados externos
Para la COVIAR, eliminar la obligatoriedad del CIU es una medida imprudente que abre la puerta a graves problemas de calidad y volumen que podrían dañar la imagen del país en el exterior. «Todos sabemos que, si bien la mayoría de la industria es honesta, siempre aparece una bodega inescrupulosa que puede manchar la buena fama del resto. No podemos dejar la puerta abierta» alertó Asens.
«El gran problema que puede surgir es el ‘estiramiento’ de los vinos. Esto afecta la calidad y los volúmenes, y aunque el INV controle el producto final, el daño ya es tardío. Que se corra la noticia de vinos aguachentados en Argentina sería catastrófico», vaticinó el referente del sector.
Además de la afectación a la calidad, la opcionalidad del certificado provocaría la pérdida de datos estadísticos fundamentales para la planificación y toma de decisiones sobre inversión y mercado de la industria.
Los próximos pasos
Pese a la inflexibilidad mostrada por el ministro en el encuentro, la COVIAR mantiene la esperanza de que la resolución sea modificada antes de su entrada en vigor, pautada para el 1 de enero del próximo año. «Quedamos esta semana en seguir charlando, lo van a terminar de ver y de evaluar» concluyó Asens.
El seguimiento continuará con Martín Fernández, jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, con la expectativa de que el gobierno escuche el clamor unánime de la industria y los gobiernos provinciales.
