Este martes se conocieron los requisitos que dispuso el Gobierno nacional para distribuir los créditos a las provincias con el fin de paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, desde el oficialismo mendocino temen que exista cierta “discrecionalidad” en el reparto, mientras que otros consideran que “en apariencia” los criterios son objetivos.
De los 60 mil millones de pesos con los que se asistirá financieramente a las jurisdicciones, a Mendoza le tocan 2.500 millones de pesos. El pedido provincial ya se realizó en “base a necesidades reales”, señalaron desde el Ejecutivo.
En Mendoza, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, desde hace tiempo viene haciendo hincapié en la caída de los recursos provinciales, producto de la cuarentena obligatoria. Además, semanas atrás el funcionario de Rodolfo Suarez puso en duda el pago de los sueldos de mayo por el rojo financiero, por lo que la asistencia nacional será clave.
De este modo la asignación de recursos estará sujeta a las necesidades reales de financiamiento en el corto plazo, el nivel relativo de atraso en las condiciones de vida de la población medido por las Necesidades Básicas Insatisfechas y el grado de afectación relativo de cada provincia en el contexto de la emergencia económica y sanitaria, determinado en un 50% por la tasa de informalidad y cuentapropismo, y en otro 50%, por la difusión territorial del COVID-19 aproximada por la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes.
En concreto, “se priorizarán las provincias que arrastran desequilibrios financieros estructurales, aquellas donde la desigualdad económica y de oportunidades es más profunda y donde el perjuicio de la cuarentena sobre los trabajadores y las trabajadoras en situación de vulnerabilidad es mayor”.
Decreto polémico
Pero la incertidumbre de Mendoza no sólo es en torno a la llegada de estos recursos, sino que este martes los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio estallaron tras conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mediante el cual se otorga a la jefatura de Gabinete la facultad de disponer de todo el Presupuesto nacional y de reasignar partidas hasta fin de año sin necesidad de pasar por el Congreso.
Frente a esto el diputado nacional radical, Alfredo Cornejo, salió a pedir la derogación del DNU, ya que consideró que “significa la vuelta a los superpoderes».
También el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Petri, se refirió a este tema.
“Esto supone el regreso a los superporderes y arbitrariedad en el manejo de los recursos. Es algo sin precedentes”, expresó Petri.
En la misma línea se explayó el diputado nacional del PRO, Omar de Marchi, que aseguró que el DNU es “excesivo”.
“Prácticamente se arroga el silenciamiento del Poder judicial y del Congreso. Es la suma del poder público. Ahora con sólo la firma del jefe de Gabinete pueden hacer lo que se les ocurra. Es un uso extremadamente abusivo con la excusa del sanitarismo”, manifestó el lujanino.
Mientras que en la vereda de enfrente se paró la senadora nacional del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti, que se mostró a favor de la decisión del presidente Alberto Fernández.
«La realidad es que si uno ve el DNU es que le da herramientas al jefe de Gabinete para poder distribuir el presupuesto, que aclaremos, está prorrogado el presupuesto 2019, por exclusivamente un tiempo determinado que es mientras dure la pandemia y establece específicamente más partidas para Salud, que puede mandar el jefe de Gabinete durante la pandemia. Más dinero, por ejemplo para Desarrollo Social, para el Plan Alimentario. O sea, todo exclusivamente a paliar esta situación excepcional que no solamente tenemos los argentinos, sino a nivel mundial”, manifestó la legisladora nacional.
Fuente: El Sol
