Frente a una situación socioeconómica cada vez más crítica, el último informe elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad advierte que un jubilado en los grandes centros urbanos del país necesita más de dos millones de pesos mensuales para garantizar una vida digna, mientras que alrededor de cinco millones de personas continúan percibiendo haberes mínimos estancados en los quinientos mil pesos con un bono congelado desde marzo de 2024. En diálogo con FM Vos (94.5), el Defensor de la Tercera Edad, doctor Eugenio Semino, analizó la composición metodológica de la canasta, el impacto de los nuevos gastos en coseguros médicos, el dramático peso de los alquileres y el profundo desfasaje que deja a la gran mayoría de los adultos mayores fuera de cualquier cobertura elemental.
Al principio del reportaje, Semino explicó que la medición se realiza semestralmente desde hace diecisiete años en los principales centros urbanos del país donde se concentra la mayor población. «La metodología se calcula semestralmente desde hace diecisiete años en los grandes centros urbanos donde más población añosa tenemos, como Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y el Conurbano, utilizando la metodología Indec pero haciendo hincapié en insumos de mayor prevalencia en los adultos mayores», indicó.
«A diferencia de la canasta familiar del Indec, esta herramienta contempla gastos de vivienda —incluyendo alquileres, mantenimiento de inmuebles propios y el fenómeno masivo de la vida en pensiones o conventillos donde una habitación con baño compartido se cobra entre 250 y 300 mil pesos—, lo que explica la creciente cantidad de adultos mayores en situación de calle», expuso.
«En el rubro de salud hemos tenido que incorporar un fenómeno que antes no existía: el cobro de coseguros por parte de prestadores de PAMI o de obras sociales provinciales, quienes bajo el argumento de cupos discrecionales exigen extras de entre 30 y 50 mil pesos por consulta o estudio, golpeando especialmente a los jubilados del interior donde no hay libertad de elección de prestadores», denunció.
Valores de la canasta frente a una estructura de haberes pulverizada
Al detallar los montos requeridos para una vida digna, el Defensor indicó que la canasta individual se ubica actualmente en 2.090.000 pesos, una cifra abismal si se la compara con la distribución real de ingresos que perciben los pasivos en la Argentina, donde la inmensa mayoría sobrevive con haberes mínimos y un bono congelado. «La canasta específica para una vida digna del adulto mayor se ubica hoy en 2.090.000 pesos por persona, contemplando la disminución relativa de costos cuando existe convivencia», diferenció.
«Casi cinco millones de jubilados y pensionados cobran quinientos mil pesos en número redondo, con un bono de setenta mil pesos congelado desde marzo de 2024; luego tenemos dos millones y medio más que perciben entre 850.000 y 900.000 pesos, y un pequeño segmento de apenas 260.000 personas que alcanzan los haberes máximos de dos millones y medio de pesos», detalló.
Tratamientos interrumpidos, aumentos marginales y la indiferencia del sistema político
Finalmente, Semino advirtió sobre el colapso operativo en la provisión de medicamentos y la atención médica a través de PAMI, donde los plazos diagnósticos se extienden hasta seis meses, mientras el poder político convalida aumentos irrisorios que representan sumas ridículas por día frente a una crisis humanitaria que calificó como un ajuste tecnológico sobre la seguridad social. «El aumento histórico de haberes para los cinco millones de jubilados de la mínima fue de tan solo 7.000 pesos, es decir, 233 pesos por día, lo cual es realmente ridículo frente a una canasta que no para de subir», manifestó.
«El incremento constante en el precio de los medicamentos nos lleva a ver diariamente tratamientos interrumpidos y demoras de hasta seis meses en PAMI entre la aparición de la sintomatología y el diagnóstico, agravando severamente la salud de los pacientes», señaló.
«Este brutal ajuste y ahorro tecnológico sobre la seguridad social está completamente fuera del rango de atención del sistema político; el oficialismo ha sido muy claro en su historia sobre este modelo de desinversión que condena a los mayores», cerró.
