La situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas nacionales volvió a quedar en el centro de la discusión luego de las nuevas medidas de fuerza realizadas por trabajadores del sector. El reclamo no se limita a una recomposición de los ingresos: alcanza el financiamiento destinado al funcionamiento de las instituciones, las becas estudiantiles, las actividades de extensión y vinculación y los servicios que prestan los hospitales universitarios.
El tema fue analizado en el programa “Todas las voces”, que se emite por FM Vos 94.5 con la conducción de Ariel Sat y Alejandro Sosa, junto a Ricardo Miranda, titular de la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, y Dardo Calderón, trabajador no docente universitario e integrante de la comisión directiva de ATUNCU (Sindicato No docente de la UNCuyo).
Calderón describió un panorama crítico y puso el foco inicialmente en la situación de los trabajadores. “El presente en las universidades es verdaderamente de una emergencia muy grande porque tenemos más del 60% de los trabajadores no docentes bajo la línea de pobreza”, señaló.
En ese escenario se concretaron las recientes jornadas de paro, luego de otra medida de fuerza realizada el 12 de agosto. Según explicó, las 48 horas de protesta llegaron después del fracaso de una instancia de conciliación y ante la continuidad del conflicto por el financiamiento.
“El Gobierno nacional se sigue negando a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y a los trabajadores no nos queda otro camino que ir a una medida de fuerza con un alto acatamiento”, afirmó Calderón.
De acuerdo con los datos aportados durante la entrevista, la adhesión alcanzó alrededor del 90% en el ámbito local, llegó al 100% en Ciencias Aplicadas a la Industria y, según las cifras mencionadas por la federación sindical, superó el 97 % a nivel nacional.
“La realidad se está imponiendo y a los trabajadores ya no les queda otra que adherirse. Las universidades verdaderamente están en una situación muy grave”, expresó.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la intervención de la Justicia. Miranda sostuvo que el conflicto ya excede una discusión política entre el Poder Ejecutivo y las universidades.
“En realidad se niega a cumplir la ley que fue refrendada obviamente por el Congreso, es decir, está incumpliendo un mandato del Poder Legislativo y está incumpliendo un mandato del Poder Judicial que le dijo en su momento: cumpla esa ley”, afirmó.
En ese sentido, consideró que el argumento del equilibrio fiscal no puede justificar el recorte de derechos. “Vos no podés tener equilibrio fiscal privando a la gente de sus derechos. Sigue incumpliendo la ley”, cuestionó.
Miranda utilizó una comparación para explicar su postura: “Yo también puedo tener equilibrio fiscal en mi casa y no pago la luz, no pago el gas. Es mentiroso”.
Durante el intercambio se mencionó una cifra de 4,8 billones de pesos vinculada con el financiamiento reclamado para el sistema universitario. Los invitados insistieron en que la discusión no pasa únicamente por los salarios, sino por la posibilidad misma de sostener las distintas funciones de las universidades.
Calderón explicó además que la reciente instancia de negociación salarial significó volver a discutir formalmente los ingresos después de un extenso período. “Fue la primera paritaria que tuvimos con el Gobierno nacional después de 3 años. El Gobierno nacional nos dejó sin paritaria, sin posibilidad de poder discutir nuestro salario”, sostuvo.
Según señaló, desde el sector sindical se aceptó una recomposición parcial, pero sin abandonar el reclamo principal. “Lo que hicieron desde la parte del frente Sindical es aceptar un parche e inmediatamente pasar a proponer que se cumpla con la ley. El paritario del Gobierno nacional se hizo el desentendido. Pasó la pelota, se pasa la pelota entre los ministros y ese es el reclamo de fondo: cumplí con la ley”.
También cuestionó las explicaciones oficiales sobre la situación económica de los trabajadores. “Me parece una hipocresía del Gobierno, pero una hipocresía muy burda del Gobierno nacional, salir a decir, por ejemplo, que en el caso del endeudamiento de los trabajadores, que los trabajadores nos endeudamos porque nos compramos televisores para el Mundial”, expresó.
En otro tramo, Calderón respondió a los cuestionamientos realizados sobre los controles de las universidades nacionales y aseguró que los propios trabajadores están interesados en que las cuentas sean revisadas.
“Los trabajadores vamos a acompañar al Gobierno nacional si quieren auditar las universidades porque, ¿quién más interesado en que las auditen?”, sostuvo.
Aseguró que las universidades pueden mostrar sus cuentas y cuestionó que las discusiones sobre auditorías sean utilizadas para desacreditar al sistema. “Discutir la universidad pública argentina ajustándola y al mismo tiempo acusándola de corrupta, de un montón de cosas, es muy ofensivo para gente que lleva muchos años trabajando en la universidad”, señaló.
Calderón destacó que, pese a las dificultades, las instituciones continúan funcionando. “A pesar de este ajuste, a pesar de la situación que estamos atravesando, se sigue sosteniendo porque nosotros seguimos trabajando con los estudiantes, seguimos teniendo la mejor relación con los estudiantes, se les atiende de la mejor manera y, al mismo tiempo, tenemos que sostener nuestra familia, tenemos que pagar las cuentas como cualquier trabajador”.
El impacto sobre salarios, becas y el Hospital Universitario
Al momento de trasladar el conflicto a cifras concretas, Calderón aseguró que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo considerable. “Según las estadísticas del Gobierno nacional, tomando las estadísticas oficiales, el índice de precios al consumidor y desde el INDEC, hoy en día desde el Frente Sindical se calcula entre un 29% y un 31% de desfasaje salarial actualmente, sin contar lo que se le adeuda a los trabajadores después de la gravísima devaluación de diciembre”, explicó.
En la entrevista también se mencionó una pérdida acumulada del 47 % vinculada con ese proceso. El deterioro, señalaron, repercute de manera directa tanto en trabajadores docentes y no docentes como en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Miranda trasladó el problema presupuestario a una de las áreas que conoce directamente: la extensión universitaria. “No estamos pudiendo hacer absolutamente nada. Y cuando digo nada es nada”, afirmó.
Explicó que anteriormente los estudiantes podían incorporarse como extensionistas y recibir una certificación por esa tarea, antecedente que incluso podía servirles para postularse posteriormente a becas en el exterior. Según sostuvo, esas posibilidades se fueron reduciendo por falta de recursos.
El problema también alcanza las ayudas económicas destinadas a quienes necesitan trasladarse para cursar. “Si vos llegás a un lugar como la facultad, te vas a dar cuenta de que estamos teniendo menos chicos porque no hay para ayudarles con una beca de colectivos para que vengan a estudiar”, advirtió Miranda.
Otro punto especialmente sensible es el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Los invitados remarcaron tanto su función asistencial como su importancia para la formación académica y profesional.
“Nos está faltando insumos para que ellos atiendan”, afirmó Miranda, quien recordó que el establecimiento funciona como un espacio de atención para una importante población de la zona y advirtió que los recursos disponibles resultan insuficientes.
Según indicó, los problemas también alcanzan a quienes trabajan allí. “Tengo 5 o 6 médicos en el Hospital Universitario de Mendoza que están cobrando 500.000 pesos por mes”, sostuvo.
La situación salarial docente fue ilustrada con un caso que, según explicaron, habían conocido recientemente a partir de un recibo de sueldo. Se trataba de un profesional con más de 10 años de antigüedad, doctorado y formación de posgrado.
“Había cobrado de neto 180.000 pesos”, relató Calderón. Aclaró que existía un descuento importante relacionado con el uso de la obra social universitaria, pero sostuvo que el dato relevante era el nivel de los haberes sobre los cuales se efectuaban esas deducciones.
“Puede haber sido coherente el descuento que le han hecho, porque quizás sean descuentos de insumos, medicamentos que tienen el valor que tienen. Pero descontado, la realidad del mercado reflejada en lo que es el haber del docente, que le haya quedado un neto de 180.000 pesos”, explicó.
Como referencia más general, durante el intercambio se habló de ingresos netos cercanos a los 500.000 pesos para determinados docentes con alrededor de 15 años de trayectoria y estudios de doctorado o maestría.
Calderón planteó que el deterioro salarial debe analizarse dentro de un escenario económico más amplio. “Por un lado una economía del derroche y por el otro lado una economía del ajuste no le hace bien desde ningún punto de vista a los trabajadores. Y en el medio están las universidades y el futuro de las universidades”, expresó.
Universidad, industria y desarrollo nacional
La discusión avanzó luego hacia el modelo productivo y el papel que cumplen las universidades nacionales en el desarrollo económico. Miranda vinculó especialmente ese punto con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y consideró que el sistema universitario no puede quedar separado del debate sobre qué estructura productiva necesita el país.
“Argentina tiene una población que no agota la masa obrera, la capacidad obrera. No la va a agotar con el extractivismo, no lo va a agotar con la economía primaria”, señaló.
“Nosotros necesitamos que el país se desarrolle, un país industrial. Indudablemente las universidades están ligadas a la industria nacional”, agregó.
Desde esa perspectiva, planteó que las universidades no solamente forman profesionales, sino que generan investigación, extensión y conocimientos relacionados directamente con las necesidades productivas y sociales.
El reclamo por el cumplimiento de la ley
Hacia el cierre, la entrevista volvió al punto que había originado la conversación: la situación económica de las universidades y el reclamo para que se cumpla la legislación sobre financiamiento.
Los invitados remarcaron que la crisis ya tiene consecuencias concretas sobre quienes trabajan y estudian en las instituciones, pero también sobre servicios y actividades que las universidades brindan hacia afuera de sus aulas.
La intervención judicial fue presentada como un elemento que puede modificar el escenario. Durante la conversación se abordó la posibilidad de sanciones económicas ante el incumplimiento de una orden judicial y de eventuales responsabilidades de funcionarios públicos. Frente a ese escenario, Calderón evitó concentrar la discusión en quién debería afrontar esas consecuencias y volvió sobre el objetivo del reclamo.
“Será un problema de quienes representen las políticas de este Gobierno nacional. Nosotros lo que queremos es que la ley se cumpla. Quien tenga que pagar las consecuencias de esto, que las pague”, expresó.
Finalmente, Calderón pidió que el conflicto universitario no quede limitado a quienes forman parte de las casas de estudio y convocó a acompañar públicamente el reclamo.
“Necesitamos que la sociedad sanrafaelina, mendocina, argentina, se haga carne con los reclamos que estamos llevando adelante en las universidades nacionales”, afirmó.
“Necesitamos que nuestros docentes, que nosotros, comencemos a tener un sueldo digno y superar este bajón de pobreza que tenemos entre el resto de los compañeros universitarios”, concluyó.
