La política de cobertura climática y fomento productivo en Mendoza atraviesa un duro cuestionamiento institucional. Tras las modificaciones aplicadas al Seguro Agrícola provincial y la decisión de discontinuar la Lucha Antigranizo con aviones, la brecha económica entre los oasis productivos volvió a encender las alarmas en el sur.
El senador provincial Mauricio Sat (PJ) denunció la existencia de una discriminación tarifaria contra los agricultores de San Rafael y General Alvear, quienes abonan una prima casi 70% más costosa por el mismo seguro integral que un productor del centro o norte mendocino. Asimismo, el legislador alertó sobre las fallas de fiscalización en la vitivinicultura, el incumplimiento de las herramientas de regulación de stock vínico y el peligro inminente de abandono masivo de hectáreas cultivadas.
Desigualdad en la prima del Seguro Agrícola y restricciones de acceso
La reciente normativa que limita la cobertura del Fondo Compensador a aquellos agricultores que hayan sufrido inclemencias climáticas —granizo o heladas— durante tres años consecutivos en el último quinquenio desató el rechazo del sector agrícola y de referentes de diversos arcos políticos. Para el legislador, la medida desvirtúa la finalidad protectora del Estado para priorizar balances financieros comerciales. «El seguro tiene una intención social, es una política de Estado para ayudar al productor cuando sufre una incidencia climática para que pueda seguir produciendo. Esta resolución no es lógica, porque termina limitando la posibilidad de que el agricultor pueda acceder a la asistencia. Desconozco la letra chica, pero calculo que obedece a una cuestión netamente comercial en donde el gobierno está priorizando la rentabilidad de la empresa aseguradora en el proceso licitatorio y no el fin social que debería primar», declaró el senador provincial Mauricio Sat a FM Vos (94.5). «Me llama la atención que no haya una posición firme de legisladores y dirigentes de Cambia Mendoza para plantear la discusión de fondo: ¿por qué no discutimos que el Seguro Agrícola lo paguemos al mismo precio en toda la provincia? Hoy en la zona centro un seguro integral lo pagan $187.500, mientras que acá en el sur lo tenemos que pagar $300.000. Lo pagamos casi un 70% más caro», observó.
La eliminación de la Lucha Antigranizo y la falta de partidas prometidas
La decisión del ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu de desmantelar la Lucha Antigranizo bajo el argumento de volcar esos recursos a líneas de financiamiento y subsidios para el Seguro Agrícola no se ha traducido en alivios concretos para el Oasis Sur, según opinó el senador. «Nos sacaron la Lucha Antigranizo diciendo que con esos recursos iban a ayudar a los productores con créditos y a volcar fondos precisamente al Seguro Agrícola. No los han volcados, porque vemos que el seguro en el sur sigue siendo más caro. Lo equitativo hubiese sido decir: ahorramos el dinero de la Lucha Antigranizo y lo ponemos para que la prima sea uniforme en toda la provincia. No pido un beneficio, pido equidad», manifestó. «Tampoco están los recursos en líneas de financiamiento. Apenas 72 productores del sur han podido acceder a líneas del Banco Nación. La Lucha Antigranizo resulta ser una política económica, porque con ese dinero tardaríamos 40 o 50 años en colocar malla antigranizo en toda la producción, con el agravante de que la tela debe cambiarse cada 10 o 15 años. Es una herramienta de mitigación que sirve no solo al sector productivo, sino a las ciudades para evitar roturas de techos o redes de agua, y al sector turístico», destacó en ese mismo tramo de la comunicación.
Acumulación de stock vínico, Banco de Vinos y riesgo de abandono de fincas
El escenario crítico de la vitivinicultura en la región se profundiza con la parálisis de los mecanismos legales creados para estabilizar los precios de la materia prima, lo que genera una brecha insostenible entre los costos de producción y la rentabilidad del viñatero. «Hay un perjudicial incumplimiento a la ley del Banco de Vinos. La normativa establece que a partir de los 5 a 7 meses de stock debe empezar a funcionar la intervención para equilibrar el mercado, y hoy los meses acumulados son muy superiores a eso. Tenemos una cosecha y media de stock y nadie dice nada. Las herramientas técnicas existen y han dado resultado históricamente. Me refiero al acuerdo San Juan-Mendoza, el Banco de Vinos y los incentivos para exportaciones a granel», citó. «Hemos citado a los funcionarios a la Legislatura pero no va nadie, cuesta mucho que den respuestas o informen. Salieron sectores como la Sociedad Rural de San Rafael y empresarios a transmitir su preocupación con claridad. Se está atentando contra una actividad económica transversal. Cuando al productor le va bien, contrata gente para podar, regar o cosechar, y gasta lo que gana en el comercio del distrito», enfatizó. «La semana pasada estuve en La Llave y en Goudge, y hay productores que directamente hay partes de su finca que ya no las están podando. Eso es el camino directo al abandono de las propiedades. En relación con las hectáreas que se han arrancado, la producción y el consumo están emparejados; el problema central es el stock acumulado que no se regula por decisiones políticas deliberadas», completó.
