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viernes 7, de octubre , 2022

Critican el accionar de entes reguladores como el ENRE y el Enargas

Existe un pedido de informe respecto de los entes –como el ENRE y el Enargas- que deberían llevar a cabo revisiones tarifarias y contractuales, tal como los facultó la Ley 27.541. Se trata de una medida que es apoyada por legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos la diputada nacional
Jimena Latorre, quien se refirió al tema a través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael.
Señaló que es un pedido de informe amplio y técnico, pero “si se lo baja a la realidad, a la cotidianeidad de los argentinos, tiene implicancias muy concretas, ya que no son sólo institucionales sino económicas en cuanto al compromiso de fondos públicos del Estado nacional”.
“Los entes, desde 2019, tanto en Enargas como el Enre que regulan el servicio eléctrico y el servicio de distribución de gas natural con jurisdicción federal, están intervenidos. A esa intervención, desde Juntos por el Cambio nos opusimos en ese momento, porque era totalmente innecesario, el marco regulatorio prevé la realización de revisiones tarifarias extraordinarias. Si el Poder Ejecutivo no estaba de acuerdo con las tarifas o la estructura tarifaria que estaba definida ya por un procedimiento determinado, tenía todas las facultades para hacerlo sin intervenir un ente que tiene que ser –como dice la Ley– autárquico, es decir en el que no esté inmiscuida la política, porque es un ente que tiene que ser de control. Sin perjuicio de eso se intervinieron los entes con dos misiones: hacer estas revisiones tarifarias y la otra era la renegociación de los contratos, la que se había iniciado en el 2001 y se había llegado a concretar en el 2017. Una vez más, es un Gobierno que no respeta lo que son políticas de Estado”, criticó y destacó que lo único que está pasando es que se está inmiscuyendo peligrosamente la política en todo esto, teniendo en cuenta que actualmente no se sabe cuáles son los costos reales de los servicios, a pesar de que el Estado nacional está haciendo un enorme esfuerzo en materia de subsidios.
La legisladora aseguró que en diciembre del 2019, lo que pagaba el usuario por el servicio en la factura final era un 53% del costo de todo el encadenamiento (generación, transporte y distribución), mientras que el resto estaba subsidiado. Actualmente, bajó lo que paga mientras creció el subsidio, en el marco de un Estado que no tiene reservas y que padece un gran desequilibrio fiscal. HIzo hincapié en que la ayuda del Estado mediante subsidios debe ir a la gente que realmente lo necesita.

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