Desde el Ejecutivo local rechazaron el planteo ante la Suprema Corte, apuntaron contra el discurso del gobernador y ratificaron que avanzarán con el proceso autonómico. Aseguran que la Constitución Nacional reconoce la autonomía y que existe una “omisión inconstitucional” en Mendoza.
El conflicto entre el Gobierno de Mendoza y el municipio de San Rafael por el avance de la reforma de la carta orgánica sumó un nuevo capítulo tras la presentación judicial de la Provincia que firmó la vicegobernadora Hebe Casado y el diputado Andrés Lombardi ante la Suprema Corte de Justicia. En ese marco, el auditor municipal y concejal electo por el Partido Justicialista, Francisco Perdigues, brindó una extensa explicación jurídica y política del escenario actual, defendió el proceso autonómico y cuestionó con dureza tanto el contenido como la oportunidad del planteo provincial.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el funcionario dejó en claro que la posición del municipio se sostiene en fundamentos legales y en el respaldo ciudadano expresado en las urnas. “Lo que han planteado no es algo que no existe, es un conflicto de poderes que está regulado en el Código Procesal Civil de Mendoza”, explicó, aunque advirtió que la forma en la que fue presentada la demanda responde más a una lógica política que jurídica. “Han dicho que es un golpe institucional, palabras que me parece que solamente, capaz que si hubiera estado en campaña política, las podría usar para la tribuna”.
En ese sentido, cuestionó la falta de precisión del planteo. “Rara la acción que han interpuesto porque no queda claro cuál es el conflicto de poder”, sostuvo, al tiempo que recordó que el mecanismo de conflicto de poderes se aplica cuando un órgano del Estado invade competencias de otro, algo que —según remarcó— no ocurre en este caso.
Perdigues también puso el foco en una contradicción institucional que, a su entender, debilita la posición del Gobierno provincial. Explicó que la Junta Electoral Permanente, creada por el artículo 55 de la Constitución de Mendoza, está integrada por los miembros de la Suprema Corte de Justicia junto con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, quienes tienen la facultad de autorizar los procesos electorales. “Los mismos que hoy se sorprenden son los que autorizaron el cronograma de elecciones de los convencionales municipales”, afirmó, en referencia a las autoridades legislativas que impulsaron la presentación judicial.
En esa línea, vinculó el conflicto con el resultado electoral. “Como perdieron las elecciones, ahora plantean esto de capricho”, lanzó, recordando que incluso el oficialismo provincial presentó candidatos en esos comicios.
Otro de los puntos que destacó Perdigues fue el acuerdo alcanzado previamente para dar mayor legitimidad al proceso. “Logramos consensuar que esa carta orgánica que se va a dictar tenga el referéndum de todos los sanrafaelinos”, explicó, y agregó que esa herramienta permitirá que la ciudadanía apruebe o rechace el texto en una próxima elección. Además, aclaró que la nueva carta orgánica no podrá ser utilizada por la actual gestión municipal. “Ni siquiera el intendente la podría aplicar”, señaló, en respuesta a cuestionamientos políticos.
El funcionario también se refirió al contexto en el que se desató la polémica y apuntó directamente contra el gobernador Alfredo Cornejo. “No solamente era por el tema de la autonomía municipal, sino por el discurso agresivo con que vino el gobernador a San Rafael”, expresó. En ese sentido, cuestionó la falta de diálogo institucional. “Vino sin comunicarle, por lo menos al intendente, que venía a inaugurar una obra y vino a generar discordia en lugar de trabajar en beneficio de los sanrafaelinos”.
Respecto al proyecto de enmienda constitucional anunciado por el Ejecutivo provincial, Perdigues indicó que aún no han tenido acceso al texto oficial. “No hemos visto el proyecto todavía, lo conocemos solo por dichos”, afirmó. No obstante, explicó el mecanismo que implicaría esta iniciativa: “La Constitución permite modificar un solo artículo a través de la Legislatura y luego someterlo a plebiscito para que la ciudadanía lo apruebe o rechace”.
Más allá de ese anuncio, ratificó que el municipio no detendrá su camino. “Nosotros no vamos a dejar de seguir trabajando en el proyecto autonómico que tenemos”, sostuvo, y recordó que el debate no es nuevo. “Desde 1994 a esta fecha se han presentado 6 o 7 proyectos y ninguno ha llegado a buen puerto”, advirtió, planteando que frenar el proceso actual implicaría prolongar una situación de postergación.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la diferencia entre régimen municipal y autonomía municipal, conceptos que —según afirmó— son confundidos en la demanda provincial. “La demanda es bastante rebuscada porque confunde régimen municipal con autonomía municipal”, indicó. En ese sentido, remarcó que “hoy tenemos un régimen municipal con bastantes limitaciones”, mientras que la autonomía permitiría que “cada municipio se dé su carta orgánica de acuerdo a su realidad, su identidad y las necesidades de sus vecinos”.
Para graficar esa diferencia, apeló a ejemplos concretos: “No es lo mismo Malargüe que la capital, ni San Rafael que San Martín o Las Heras”, sostuvo, subrayando que cada territorio presenta características distintas que requieren marcos normativos propios.
En el plano constitucional, fue especialmente crítico con la interpretación del Gobierno provincial. “Voy a decirlo hasta el cansancio, hay mucha falta de lectura”, expresó, y explicó que el artículo 5 de la Constitución Nacional establece el régimen municipal, mientras que el artículo 123 reconoce la autonomía municipal. “La Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal”, enfatizó.
A partir de esa base, defendió la potestad de los municipios para avanzar en sus propias cartas orgánicas. “Los municipios son autónomos desde su origen”, aseguró, y aclaró que “no necesitan autorización de la provincia para generar la convención constituyente”.
En esa línea, sostuvo que existe una deuda estructural en Mendoza. “Hay una omisión inconstitucional en la Constitución provincial”, afirmó, citando al jurista Germán Bidart Campos, quien ha desarrollado ese concepto en la doctrina. Según explicó, esa omisión obliga a los municipios a avanzar por su cuenta en el ejercicio de su autonomía.
Como respaldo, mencionó distintos ejemplos de políticas locales que ya se aplican bajo ese criterio. “Si siguiéramos ese razonamiento no podríamos haber tratado muchísimos temas por ordenanza”, advirtió, y enumeró casos como el control de carteles publicitarios, la regulación de vehículos sanitarios provenientes de otras jurisdicciones y la existencia de centros de salud municipales. “¿Lo estamos haciendo por qué? Porque somos autónomos y la Corte lo ha reconocido”, sostuvo.
Perdigues fue más allá y acusó al Gobierno provincial de intentar retroceder en materia institucional. “Lo que están haciendo es menospreciar a los municipios y volverlos autárquicos”, afirmó, en referencia a un modelo en el que las comunas dependen plenamente de la Provincia.
El funcionario también incorporó al análisis la discusión sobre los organismos de control y la calidad institucional. Señaló que una verdadera autonomía permitiría revisar estructuras como el Tribunal de Cuentas o la Procuración. “La oposición debería tener la presidencia de los órganos de control, como ocurre con la Auditoría General de la Nación”, indicó, y cuestionó que en Mendoza esos espacios estén dominados por el oficialismo. “La Procuración acá es eterna, mientras que a nivel nacional tiene plazos”, agregó.
En cuanto al respaldo ciudadano, destacó un dato que consideró clave. “Hubo más votos para los convencionales municipales que para los concejales”, señaló, interpretando ese resultado como una señal clara de la sociedad. “A los sanrafaelinos les importó más la autonomía que los representantes políticos”, afirmó.
Finalmente, Perdigues planteó que el conflicto actual puede abrir una discusión más amplia sobre el sistema institucional de la provincia. “Ojalá seamos el inicio de una reforma constitucional”, expresó, aunque advirtió sobre los riesgos de que el debate sea utilizado con fines políticos. “Nunca creímos que la resistencia iba a ser con menosprecio”, sostuvo, y concluyó con una advertencia: “Que no sea el camino para que el gobernador intente una reelección”.
