Cuál es la importancia de la ley de emergencia en discapacidad aprobada en el Congreso

La reciente sanción de la ley de emergencia en discapacidad por parte del Congreso de la Nación, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, abre un nuevo capítulo en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad en el país. La norma, que se aprobó junto a las leyes de reactivación de la moratoria previsional y de modificaciones al sistema jubilatorio, busca responder a una crisis estructural que afecta a prestadores, beneficiarios y a todo el sistema de protección social, sin embargo el presidente Javier Milei ya anunció que las vetará y también podría apelar a la justicia. Sobre este tema, Diario San Rafael y FM Vos 94.5 dialogaron con Juan Carlos González Olsina, defensor de las personas con discapacidad en Mendoza, quien brindó detalles sobre el alcance y la importancia de esta nueva legislación. “Entendemos que el Gobierno Nacional está anunciando un posible, casi seguro veto, a lo cual nosotros entendemos que los derechos reconocidos y de jerarquía constitucional no deben ser vetados”, afirmó el defensor.
González Olsina remarcó que la declaración de emergencia implica medidas específicas y ágiles por parte del Estado. “Cuando se dé una declaración de emergencia en algún sector es precisamente porque se trata de una situación tan de excepción que amerita que ciertas partidas se decidan de manera más efectiva y más fáciles”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la ley es la actualización del nomenclador nacional, el listado que define las prestaciones para personas con discapacidad y sus respectivos montos. “El nomenclador nacional es como un listado de todas las prestaciones para personas con discapacidad con sus montos. Esos montos no han sido actualizados y esto es lo que ha desfinanciado a todos los prestadores”, señaló.
El defensor advirtió que la crisis del sistema de prestadores ya se refleja de manera concreta en Mendoza y el país. “Estamos viendo centros de día cerrando, digo, muchas veces nos hemos encontrado en crisis donde decíamos, bueno, cuidado que puede pasar tal cosa. Esto es una emergencia porque las cosas ya están pasando”, alertó.
Además de la actualización del nomenclador, la ley contempla mecanismos de moratorias y planes de pago para prestadores de servicios que enfrentan deudas previsionales o tributarias, con el objetivo de evitar su desaparición y asegurar la continuidad de las prestaciones.
No obstante, González Olsina subrayó que el problema no se limita a los prestadores, sino que afecta directamente a las personas con discapacidad, especialmente en relación con el acceso a pensiones no contributivas. “Ahora bien, no solamente tenemos un sistema de prestaciones en crisis. Atendemos también y directamente al sujeto, a la persona con discapacidad. Estamos viendo muchos problemas y muchas restricciones en materia de pensiones”, indicó.
El defensor planteó la relación directa entre discapacidad y pobreza estructural en la Argentina. “El hecho concreto de que en Argentina el 52% de las personas viven en lo que llamamos clase baja. La vida para la persona con discapacidad se hace más difícil y también se adquiere más discapacidad”, remarcó.
Respecto a las reformas que introduce la nueva ley en el sistema de pensiones, explicó que busca garantizar el acceso y la continuidad del beneficio, incluso cuando la persona con discapacidad consigue un empleo. “La pensión es precisamente lo que le aporta algunos recursos a la persona con discapacidad para acompañarlo incluso a salir de ese círculo del que hablábamos recién y también hasta llevarlo de la mano a conseguir un trabajo”, sostuvo.
En cuanto a los montos, González Olsina detalló: “Hoy el monto está establecido en un 70% del haber mínimo jubilatorio, más los 70 mil pesos que no han sido actualizados hace más de un año. Pasó de 70 mil a 110 mil, con la sanción de la nueva ley. Esto también sería aplicable a estas pensiones no contributivas por discapacidad”. El defensor hizo hincapié en que la pensión no es un beneficio o una gracia del Estado, sino un derecho fundamental. “La pensión no es un beneficio, no es una gracia, un favor que el Estado le hace a la persona con discapacidad, sino que, cuando decimos que es un derecho, no lo decimos livianamente”, recalcó.
Añadió que el mayor gasto por discapacidad es una realidad que debe ser contemplada. “La persona con discapacidad gasta más que cualquier otra persona desde que se levanta hasta que se acuesta”, manifestó, haciendo referencia a necesidades de transporte, tecnología, apoyos específicos y otros gastos diarios que enfrentan estas personas.
Además, González Olsina subrayó que la nueva ley incorpora estándares internacionales, tomando como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en el país. “Esa palabra inclusión que ha sido tan malversada en los últimos años, tiene que tener el sentido concreto que aquí le damos”, expresó.
Entre otras modificaciones que introduce la ley, mencionó cambios en programas de empleo protegido y en la certificación de la discapacidad. “Hace que los programas de empleo protegido tengan una asignación que no sea un estipendio que no le alcanza a nadie para nada”, explicó.
Finalmente, el defensor mendocino subrayó la importancia de dar visibilidad a la situación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. “Creo que es importante el poder traer la voz de la persona con discapacidad a los medios en un momento donde solo se está teniendo la campana del supuesto equilibrio fiscal. También tenemos que mostrar que hay personas que en la pobreza la están sufriendo mucho más que otras y personas que fuera de la pobreza también la están pasando mucho peor que otras y esa es la discapacidad, por eso la emergencia”, concluyó.