La historia de San Rafael está marcada por una lucha desigual contra el clima, pero también por una tenacidad política que ha buscado proteger el esfuerzo de sus productores y ciudadanos en general. Durante décadas, el sistema de lucha antigranizo fue un pilar de la política agroindustrial mendocina, un acuerdo tácito de protección que hoy parece desdibujarse entre negligencias logísticas y disputas de competencia. Lo ocurrido el pasado fin de semana, donde el cielo descargó su furia sobre los distritos y la ciudad mientras los aviones quedaban atrapados en tierra por falta de combustible, no es solo un fallo operativo; es el síntoma de una desprotección institucional que debe ser analizada con rigor.
Para comprender la gravedad del presente, es necesario remontarse a la decisión del gobierno provincial de dar de baja el sistema de mitigación, bajo una lógica de ajuste que dejó al sur mendocino a la intemperie. Fue la Municipalidad de San Rafael la que, asumiendo una responsabilidad que excedía sus competencias primarias, decidió hacerse cargo de la gestión operativa para evitar el desamparo total de sus fincas y bienes citadinos. Esta transición, nacida de la urgencia y el compromiso local, hoy enfrenta su prueba más ácida: la convivencia con proveedores y protocolos que parecen no comprender el carácter de «emergencia» que reviste un siniestro climático.
El cruce de acusaciones entre la empresa Aviación San Rafael y la aeroplanta de YPF en el aeropuerto local Santiago Germanó revela una falta de coordinación alarmante. Mientras la operadora del servicio asegura que el personal de carga fue notificado y no se presentó durante la madrugada crítica, el jefe de la planta de combustible argumenta falta de previsión y la ausencia de guardias pasivas. Es inadmisible que un sistema estratégico para la economía regional dependa de la disponibilidad horaria de un operario o de la rigidez administrativa de una petrolera estatal. En una situación de emergencia, donde cada minuto de vuelo puede determinar la magnitud de las pérdidas, no hay margen para que los teléfonos no suenen o las mangueras permanezcan secas.
La consecuencia de este desencuentro no se mide en litros de combustible, sino en hectáreas de producción, viviendas, vehículos dañados y en el desánimo de una comunidad que siente que sus defensas son de papel. Si el municipio ha asumido la carga de sostener la lucha contra el granizo frente al retiro de la provincia, es imperativo que los contratos y protocolos de abastecimiento se ajusten a una lógica de disponibilidad absoluta. San Rafael no puede ser víctima de una burocracia que duerme mientras el granizo destruye el futuro. La política de mitigación debe ser integral; de lo contrario, seguiremos asistiendo a la triste paradoja de tener los pilotos listos, los motores encendidos y el cielo desprotegido por un simple sello administrativo.
