Custodian escuelas a las que asisten las víctimas del Próvolo

El histórico juicio por los abusos sexuales cometidos en perjuicio de los ex estudiantes sordos del instituto Antonio Próvolo demandó una serie de dispositivos a fin de resguardar la integridad de las 11 víctimas, como la presencia policial en los establecimientos donde continúan sus estudios.

La semana pasada comenzaron a ser juzgados por esas aberraciones dos sacerdotes y un ex empleado. Las violaciones tuvieron lugar puertas adentro de la escuela de enseñanza especializada, considerada modelo, y que funcionó por 18 años en Luján de Cuyo.

Para ello, el Ministerio de Salud, el de Seguridad y la Dirección General de Escuelas (DGE) se trazaron lineamientos previendo una serie de escenarios posibles.

Entre las medidas, según informó la DGE, se ordenó la custodia policial de los establecimientos escolares donde los chicos que estuvieron en el “instituto del horror” –como se lo conoció después de que las denuncias salieran a la luz– continúan sus trayectorias escolares, entidades públicas en su mayoría.

Fuentes gubernamentales explicaron que la acción busca preservar y permitir el normal desenvolvimiento del juicio.

“Es un caso profundamente estremecedor, y nos interesa que se desarrolle con normalidad, por eso contemplamos todas las opciones, teniendo como prioridad a las víctimas”, remarcaron desde el Ministerio de Seguridad.

Apenas trascendieron los casos que ahora llegaron a debate y por los que están acusados Nicola Corradi (83), Horacio Corbacho (61) y el ex jardinero Armando Gómez (51), la DGE clausuró el colegio y separó del cargo a una docente, que en ese momento se desempeñaba como directora.

Desde el organismo se informó que el sumario que se inició en el 2017 se cerró en primera instancia, hasta que se establezcan las responsabilidades en los distintos juicios por los abusos cometidos en la congregación Antonio Próvolo.

La auditoría que hizo el Gobierno en la escuela de gestión privada arrojó que existían dobles actuaciones.

Mientras a la supervisión se le presentaba un libro, internamente se dejaba constancia de hechos que no eran de conocimiento de la DGE.

Tras el cierre, “a partir de febrero del 2017, las docentes del ex instituto debieron gestionar bono de puntaje y certificado de aptitud psicofísica ante los organismos correspondientes, para trabajar en diferentes escuelas. En la actualidad, una profesional tiene prohibición de acercamiento emitida por la Justicia, por lo que trabaja en aquellas escuelas a las que no asisten estudiantes del mencionado instituto”, reza el informe al que accedió El Sol.

Entre otra de las líneas de acción luego del cierre del Próvolo, “se crearon 23 cargos de maestros de Sordos e intérpretes de Lengua de Señas en las instituciones donde se inscribieron los estudiantes. Se organizaron dispositivos a fin de brindar la mejor propuesta para su trayectoria escolar, garantizando que, junto con los padres, elijan la escuela más adecuada”, apunta el documento.

Fuente: El Sol