Dato preocupante

El diputado nacional Julio Martínez le pidió al Ministerio de Defensa que informe si cuenta con un registro de la cantidad de “armamento militar que ha sido robado de sus instalaciones, o que se ha denunciado como perdido y cuál es el protocolo que se sigue cuando un arma es obsoleta y hay que destruirla».

El disparador de la inquietud de Martínez fue el asalto a un camión blindado en Moreno, en el que resultó muerto un jubilado y fueron heridas de bala tres embarazadas, efectuado por delincuentes que portaban Fusiles Automáticos Livianos (FAL) del Ejército Argentino. 

Como integrante de la Comisión de Defensa, el diputado recordó que «durante la gestión de Arturo Puricelli pedimos explicaciones al Gobierno cuando en febrero de 2012 fueron robados 154 FAL, las piezas para armar otros 250 fusiles, cinco ametralladores antiaéreas 12.7 y una ametralladora pesada MAG del Batallón de Arsenales 603, pero el entonces ministro no contestó el pedido de informes».

Entre 2008 y 2010 se informó oficialmente la pérdida de 14 fusiles de asalto, una ametralladora MAG, tres subametralladoras Halcón, 31 pistolas Browning 9mm y cientos de cajas de municiones que estarían en poder de organizaciones criminales, ya que existe una logística para comercializarlas en el mercado ilegal e, incluso, hay denuncias sobre la aparición de armas de uso militar en Argentina en las favelas de Río de Janeiro».

En realidad, el tema no es nuevo aunque sea preocupante. Hace casi dos décadas, la entonces Brigada de Investigaciones local ya sabía que en San Rafael circulaban armas de guerra en poder de bandas delictivas, según afirmaba «off the record» el entonces jefe de esa dependencia.  Como en el resto del país, nunca se supo qué hizo la fuerza de seguridad provincial para detectarlas, salvo la “payasada» de allanar domicilios de “armeros» que se dedican a la reparación de armas de fuego, en muchos casos de los propios policías.