La provincia de La Pampa, con sus sucesivos gobiernos, mantiene desde hace décadas una relación beligerante con Mendoza. El uso de las aguas de los ríos Atuel, Grande y Colorado han sido, desde el siglo pasado, motivo para los reclamos –a veces extemporáneos y hasta agresivos con campañas mediáticas y de adoctrinamiento en los alumnos diciendo que Mendoza les roba el agua– de la vecina provincia. No obstante, los pronunciamientos judiciales o arbitrales que se han dado en el marco de esta polémica relación no le han dado razón a las demandas pampeanas.
El conflicto por las aguas del Atuel tiene sus orígenes a mediados del siglo pasado, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en nuestro departamento, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad, y complementariamente al regadío existente en Mendoza.
En 1987, tras un reclamo judicial de La Pampa iniciado en 1979 por lo que consideraba eran perjuicios que nuestra provincia le había generado con la obra, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó reconociendo el derecho preferente de Mendoza a mantener los usos actuales hasta 75.671 hectáreas, por considerar que la forma en que se implementaron respetaba el principio de un uso equitativo y razonable, y consiguientemente rechazó la posesión de caudales que reclamaba La Pampa. Desde ese momento hasta hoy jamás se ha logrado superar las 50.000 hectáreas irrigadas, consecuencia de las recurrentes crisis hídricas que atraviesa Mendoza. En aquel momento, la demanda de La Pampa no tenía razón de ser en la práctica.
En 2014 se inició otro juicio. El fallo de la Corte fue el 1º de diciembre de 2017 y estableció que Mendoza y la Nación le deben asegurar a La Pampa un caudal del río Atuel que cese el daño ambiental. Durante todo el año 2018, las dos provincias pulsearon por determinar la cifra de ese caudal: para La Pampa es de 4,5 metros cúbicos por segundo, mientras que Mendoza ofreció 1,3 con el aporte de pozos y perforaciones, que aportan agua de reúso (utilizada en el riego y que escurre a las napas subterráneas). Por su parte La Pampa debía realizar obras para evitar el escurrimiento, cosa que nunca pretendió hacer. No hubo acuerdo y la Corte Suprema tampoco se pronunció. El río Atuel actualmente se encuentra cortado hasta fines de agosto para intentar garantizar agua en la época de primavera-verano para los cultivos. El Atuel es el río mendocino más afectado por la crisis hídrica. Pese a que no corresponde, La Pampa recibe hace muchos años regalías por los Nihuiles, cosa que no debería, y también recibe agua casi mineral desde Punta del Agua para 6.000 habitantes, cuando en la localidad de Algarrobo del Águila no hay ni 3.000 habitantes. Una vez más, los reclamos pampeanos chocaron con la realidad.
En los últimos días, la obra Portezuelo del Viento quedó en el centro de la discusión cuando el presidente Alberto Fernández consideró que no se podía hacer una obra “cuestionada por cuatro provincias”. Lo cierto es que las palabras del mandatario estuvieron basadas en un nuevo reclamo pampeano, por lo que, estiman, sería un perjuicio de Mendoza para con sus intereses. Sin embargo, La Pampa soslaya que en 2006 Mendoza le ganó un juicio a Nación (por pérdidas millonarias por la Promoción Industrial) y el presidente Néstor Kirchner pactó con el gobernador Julio Cobos que el Estado pagaría la deuda y con ese dinero se construiría Portezuelo del Viento. Y se firmó por el valor total de la obra, que años después sería de 1.023 millones de dólares. En diciembre de 2016, el por entonces presidente Mauricio Macri y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acordaron reactivar las tratativas y le reconoció el pago de la deuda en cuotas. Ayer en Buenos Aires volvieron a reunirse representantes de las cinco provincias que integran el Coirco (Comité Interjuridiccional del Río Colorado). El encuentro fue convocado por la Nación a raíz de un nuevo reclamo de La Pampa, en este caso pidiendo un nuevo estudio de impacto ambiental de la obra. De la reunión, las otras cuatro provincias que integran el COIRCO rechazaron la propuesta mendocina de una garantía, y el gobernador Suarez pidio se active el mecanismo de laudo presidencial. Muy probablemente la obra se realice (si es que el presidente Alberto Fernández cumple la deuda original) y La Pampa deja de poner trabas.
Para finalizar esta serie de desencuentros, esta semana el diario pampeano La Arena publicó un estudio que afirma que Mendoza se apropió de 200.000 hectáreas de tierras pampeanas. La nota, que abunda en calificativos adversos para Mendoza, a la que llega a catalogar de «egoísta», se basa en un estudio presentado en 2014 por Sylvia Colonna (Petrobras) y Gabriel Álvarez (YPF), donde los autores dan cuenta de un viejo litigio entre las provincias, donde La Pampa (una vez más) estima que, por un error de medición, Mendoza la ha perjudicado, quedándose con terrenos que le pertenecerían. El presunto error se habría producido entre 1881 y 1904, pero el reclamo se presenta casi 120 años después.
Como se ve, la historia muestra varios conflictos interprovinciales en los que la vecina provincia reclama por supuestos perjuicios mendocinos a sus intereses. Como también se ve, ellos no han estado basados en la justicia.
