La cifra supera el 75% de partos: debate provincial por el plan oficial para reducir cesáreas y su impacto en la relación médico-paciente
A partir de julio, el escenario de las maternidades privadas en Mendoza cambiará drásticamente. Un nuevo protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud de la provincia establece que los partos y cesáreas quedarán exclusivamente en manos de los médicos de guardia, desplazando al profesional de cabecera que realizó el seguimiento del embarazo. El doctor José Lodovico Palma, presidente de la Federación Médica de Mendoza, advirtió sobre las graves consecuencias de esta medida «inconsulta» que busca bajar las tasas de cesáreas, pero que, según denuncia, vulnera derechos fundamentales y quiebra la confianza médico-paciente. «Estamos de acuerdo con el objetivo, pero no con la implementación arbitraria», afirmó en diálogo con FM Vos 94.5.
Para la Federación Médica, el principal error del gobierno ha sido la falta de diálogo con los sectores directamente implicados en la salud reproductiva de la provincia. «Básicamente, ha sido una medida inconsulta. El Estado, antes de tomar una decisión de estas características, debe consultar a los actores sociales implicados: pacientes, médicos, instituciones, sociedades científicas y universidades. Se tomó una medida unilateral que causó sorpresa y malestar», expresó Lodovico Palma ni bien arrancó la charla.
«El objetivo de disminuir las cesáreas en relación con los partos es loable y estamos de acuerdo, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda otros métodos para lograrlo y no precisamente separar al médico de su paciente en el momento más trascendental», continuó exponiendo.
El quiebre de la relación médico-paciente y sus posibles consecuencias
La implementación de la nueva normativa sanitaria en el ámbito privado introduce una modificación sustancial en la atención obstétrica: el profesional que acompañó a la mujer durante los nueve meses de gestación dejará de ser el responsable directo del procedimiento en el quirófano o la sala de partos.
Esta medida podría impactar directamente en lo que el doctor José Lodovico Palma define como el vínculo emocional de la maternidad. «La relación entre la embarazada y su médico es de confianza y contención, no solo sanitaria sino emocional. La mujer deposita todas sus dudas y temores en ese profesional durante meses, y ahora, en el momento más trascendental, deberá someterse a un parto con un médico de guardia que desconoce», explicó el presidente de la Federación Médica.
Asimismo, advirtió sobre el potencial conflicto de criterios que esta dualidad de funciones puede generar ante complicaciones imprevistas. «Imaginemos una dificultad en el parto donde el médico de guardia y el de cabecera tengan opiniones distintas sobre cómo proceder. El paciente queda rehén de un criterio ajeno. Esto no solo desconoce el derecho a la libre elección y al parto humanizado, sino que también vulnera la autonomía del profesional para decidir el mejor método para sus pacientes», destacó el profesional.
La polémica tasa de cesáreas en el sector privado
El trasfondo de la medida es el abismo estadístico entre lo recomendado por la OMS (15%) y la realidad de las clínicas privadas en Mendoza, donde la cifra escala al 78% de casáreas. «Ese problema existe en todo el mundo, pero no se resuelve de forma arbitraria e intempestiva. En otros lugares se aplican programas concretos con auditorías y equipos de trabajo. Existe lo que se llama la ‘segunda opinión’, donde otro profesional evalúa si la indicación de cesárea es correcta durante el proceso”, planteó el doctor José Lodovico Palma.
«Debe ser un trabajo en equipo consensuado. El Estado debe gestionar soluciones implicando a todos los protagonistas y no mediante una imposición que genera tanta disconformidad en el sector médico», subrayó.
Intereses económicos y calidad de atención
El doctor José Lodovico Palma señaló que, detrás de la adhesión de algunas instituciones privadas al nuevo protocolo, subyace un trasfondo financiero que podría comprometer seriamente la calidad del servicio sanitario en el área de obstetricia. Al analizar el rol de las clínicas, el presidente de la Federación Médica reconoció la naturaleza de estos establecimientos, pero marcó un límite ético.
«Las instituciones privadas tienen un interés económico legítimo, pero aquí planteamos que no se vulneren los derechos de los pacientes y los médicos por una cuestión de costos. El médico de guardia habitualmente tiene un salario por su jornada y no por la prestación específica; esta nueva modalidad altera toda la dinámica del pago médico y la responsabilidad profesional», observó.
En este sentido, los honorarios en juego representan un punto de conflicto central en la discusión. «Al médico de cabecera se le pagaría por su presencia un valor mínimo en relación con lo que percibiría si hiciera la práctica de forma integral. Según la información que manejamos, para el obstetra el valor fijo se plantearía alrededor de un millón trescientos mil pesos. Lo que realmente nos preocupa es que se termine priorizando el factor económico por sobre la normativa de calidad de atención y la seguridad médica que merece la madre», manifestó.
Un llamado al diálogo urgente
Desde la Federación Médica aseguraron que su postura no es de confrontación total, sino una exigencia de participación técnica en el diseño de las políticas públicas. «Como entidad gremial y científica, siempre hemos colaborado con los modelos de salud pública y acompañado a las distintas gestiones del Ministerio de Salud. En este caso puntual no hemos tenido ninguna intervención. Nos gustaría que convoquen a las sociedades científicas y asociaciones médicas para consensuar programas que tiendan a bajar el número de cesáreas dentro de lo que médicamente es posible, respetando la seguridad de la madre y del niño», concluyó José Lodovico Palma.