Los datos volcados en el Informe Anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) correspondientes al periodo 2025 encendieron la alarma y abrieron una intensa polémica en la provincia. De acuerdo con el reporte elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Mendoza encabezó el ranking nacional en cantidad de víctimas de delitos contra la integridad sexual, contabilizando 3.257 casos, lo que representó un incremento del 13,3% en comparación con 2024 y arrojó una tasa de 159,1 víctimas cada 100.000 habitantes. La cifra contrasta marcadamente con distritos de mayor envergadura poblacional como la provincia de Córdoba, que registró 781 casos (19,7 cada 100.000 habitantes), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante este escenario, surgieron severas observaciones sobre el funcionamiento del fuero penal mendocino, atribuyendo esta desproporción a vicios procesales, el desvío hacia la vía penal de conflictos civiles por la tenencia o exclusión del hogar en procesos de divorcio, la aplicación laxista de la prisión preventiva ante la sola exposición verbal de los denunciantes y la falta de sanciones efectivas contra la radicación de denuncias falsas.
La brecha estadística: tasas por habitante y el sesgo de la judicialización
Las métricas del Ministerio de Seguridad nacional exponen a Mendoza con indicadores notablemente superiores a jurisdicciones que duplican su cantidad de habitantes. «Los datos del informe reflejan 3.257 casos en Mendoza. Córdoba, que tiene el doble de habitantes que nuestra provincia, registró 781 casos, es decir, cinco o seis veces menos. Tomado cada 100.000 habitantes, Mendoza se ubica primera en el país con 159,1 víctimas, muy por encima de Córdoba que tiene 19,7 y de la Ciudad de Buenos Aires», expuso Gustavo Cairo, diputado provincial, al principio del reportaje que brindó a FM Vos 94.5.
«Estas cifras hacen ruido y sustentan lo que he planteado: en Mendoza el sistema judicial está tomando como culpables a prima facie a muchas personas que no lo son. El filtro del fuero penal se ha vuelto sumamente laxo. Hace varios años visité la Policía Judicial de Córdoba, donde contaban con un entorno técnico muy preparado con psicólogas y abogadas para abordar denuncias de abuso. En Mendoza, desde aquel momento hasta hoy, las denuncias explotaron», sostuvo.
«Como abogado con casi 30 años de ejercicio, recuerdo que antes un litigio por divorcio se dirimía estrictamente en el derecho civil. Lamentablemente, desde hace una década se busca dirimir mediante el derecho penal. Algunos profesionales aconsejan realizar la denuncia penal por violencia —incluso psicológica— para lograr la exclusión del hogar inmediata del hombre y resolver así parte del conflicto, relegando lo civil a un plano secundario«, planteó.
Prisiones preventivas, juicios abreviados y el costo de la prisión de inocentes
Más adelante, el entrevistado advirtió sobre el dictado automático de la privación de la libertad sin la exigencia de pruebas de comprobación inmediata y las presiones procesales para la firma de condenas. «Mendoza se ha ido de mambo con las prisiones preventivas. Ante el mero relato de quien hace la denuncia, meten presa a la otra persona y recién a los dos o tres meses comienzan a investigar, en muchos casos sin ninguna prueba objetiva. Hay personas absolutas que pasan dos o tres años en la cárcel sin haber hecho nada. Los primos Madaf, por ejemplo, estuvieron tres años y 14 días presos en Mendoza por la denuncia de una tía hasta que en el juicio se comprobó la absoluta falsedad de la acusación. Fueron absueltos, pero ¿quién les devuelve los tres años de cárcel a dos chicos de 20 años?», se preguntó el diputado.
«El caso de los rugbiers franceses fue de repercusión internacional: se habló de abuso, pero luego aparecieron audios y videos en las cámaras del hotel que demostraron que fue una relación consentida. Si esos elementos no hubieran surgido por la propia defensa, estarían presos ante el mero relato. Además, en Mendoza se da otra situación grave: como la pena por abuso sexual es alta —hasta 20 años o 50 en concurso—, fiscales proponen juicios abreviados de 5 o 6 años a personas que llevan dos años en prisión preventiva. Muchos terminan firmando ante el temor de una condena mayor», afirmó.
Las falencias del marco penal y la desacreditación del 0,09% de falsas denuncias
Según su punto de vista, la ausencia de consecuencias punitivas para los denunciantes de hechos inexistentes erosiona la credibilidad de las causas reales de abuso. «En Mendoza la consecuencia para quien denuncia falsamente es nula. La Procuración sostiene que no es una acción de oficio, por lo que el afectado debe iniciar una querella por calumnias por cuenta propia. La pena máxima por calumnias es una multa de 20.000 pesos, lo cual resulta una burla. Hoy el Código Penal fija de dos meses a un año de pena para la falsa denuncia, haciendo que sea excarcelable, mientras que el falso testimonio de un testigo tiene penas de hasta 10 años», comparó Cairo.
«El informe que sostiene que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% parte de una premisa totalmente falaz. Para esa muestra solo contaron los casos donde el denunciado falsamente inició una causa por falsa denuncia y logró una condena. No se consideran falsas denuncias los casos donde el acusado sale absuelto en el juicio, donde la causa se archiva por falta de pruebas o donde se demuestra en la instrucción que la denunciante mentía, como ocurrió con el caso de los rugbiers franceses o el caso Ghisoni «, indicó.
«Actualmente el Senado de la Nación analiza un proyecto para agravar las penas por falsa denuncia. En Mendoza he presentado iniciativas legislativas para exigir mayor rigurosidad y objetividad a la hora de dictar la prisión preventiva. Una falsa denuncia banaliza la causa real y perjudica a las verdaderas víctimas de violencia y abuso, tal como ocurrió en el caso de Johnny Depp y Amber Heard en Estados Unidos, donde el propio movimiento de mujeres terminó repudiando la mentira porque destruye la credibilidad del sistema», consideró al cierre de la comunicación.
