Denuncia en el Congreso: acusan al gobierno nacional de «saltear a propósito» al Tribunal de Tasaciones en la privatización de empresas públicas
El proceso de privatizaciones y enajenación de activos estatales impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional a cargo de Javier Milei abrió un nuevo frente de tormenta en el Congreso de la Nación. Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) presentaron un proyecto de resolución para exigir explicaciones urgentes sobre el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en la valuación de las compañías públicas sujetas a privatización, así como de tierras fiscales e infraestructura estratégica. Según la denuncia, respaldada por diversas investigaciones periodísticas, el gobierno nacional transfirió de forma irregular estas facultades técnicas al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad de fomento financiero que carece de competencia legal y estatutaria para tasar bienes del Estado.
El diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro (UxP), advirtió sobre la gravedad institucional de saltear los procedimientos administrativos obligatorios, alertó sobre posibles conflictos de intereses que benefician a grandes grupos económicos y confirmó que la iniciativa legislativa logró reactivar la Comisión Bicameral de Privatizaciones, la cual se encontraba paralizada.
El desplazamiento del Tribunal de Tasaciones y el rol del BICE
El andamiaje legal argentino determina de manera taxativa qué organismos poseen la competencia técnica y profesional para valuar los bienes del patrimonio nacional, un esquema que busca garantizar la transparencia y evitar perjuicios al erario público. «Ante un gobierno que no respeta los procedimientos administrativos ni las técnicas legislativas, y que carece de respeto por las leyes propias del Congreso o la Constitución, decidimos actuar a partir de una investigación periodística de un diario de la Ciudad de Buenos Aires. El Ejecutivo nacional dejó de lado al Colegio Tribunal de Tasaciones de la Nación, un cuerpo profesional creado por ley en 1977 que está compuesto por 12 miembros: seis elegidos por el propio Ejecutivo a través de sus ministerios y seis por colegios profesionales. Este tribunal técnico, no político, es el encargado por ley de evaluar y dar transparencia a los procesos de expropiación o enajenación de bienes, ya sean edificios, acciones de empresas estratégicas como las de energía nuclear, trenes, complejos hidroeléctricos o tierras del Ejército Argentino, como las que pretenden vender aquí en Mendoza», declaró Martín Aveiro al comienzo del reportaje.
«El Estado nacional sacó al Tribunal del medio y conformó una comisión especial en el BICE. El BICE es un banco de fomento destinado a generar líneas de crédito para el sector productivo e industrial; no tiene absolutamente nada que ver, ni en su estatuto ni en su función, con la posibilidad de emitir tasaciones oficiales o representar al gobierno en privatizaciones o ventas de terrenos. Es una locura que demuestra la falta de respeto por las normas», apuntó.
«El Gobierno sigue salteando procesos administrativos obligatorios y esto es gravísimo. El BICE, a través de su gente, va a armar un concepto de valuación destinado y diseñado a la medida de los grandes grupos económicos que buscan adueñarse de las vías de carga, los aeropuertos y las empresas de los argentinos. Quienes terminan haciendo esto en el BICE son los mismos gerentes comerciales y económicos de las firmas privadas que se van a quedar con las empresas nacionales», denunció en diálogo con FM Vos 94.5.
Reactivación de la Bicameral y la búsqueda de consensos políticos
La presentación del pedido de informes surtió un efecto político inmediato en las estructuras del Congreso, forzando la convocatoria de los ámbitos específicos de control parlamentario que permanecían sin actividad. «Esta situación está confirmada y planteada en una investigación que tomamos del diario Infobae. A partir del proyecto que presentamos el lunes, logramos que se activara la Comisión Bicameral de Privatizaciones de Empresas del Estado, la cual tenían paralizada. Son tantas las acumulaciones de situaciones de ‘moral distraída’ para beneficiar a unos pocos, que la situación llamaba demasiado la atención. Con esta reactivación, la Bicameral va a poner fecha para tratar los temas y los funcionarios van a tener que venir a dar explicaciones», adelantó Aveiro.
«Correr al Tribunal de Tasaciones lo tenían muy callado y no han dado ningún argumento ni respuesta a los pedidos de acceso a la información pública», lanzó.
«Es como si en tu casa decidís venderle a la Municipalidad de San Rafael tu vereda, pero le pedís al contador del municipio que sea él quien le ponga el precio; es exactamente lo mismo. Nuestro bloque va a buscar tratar esto con carácter de urgencia en las comisiones. El proyecto fue firmado por la conducción de nuestra bancada y estamos trabajando en consensuar con bloques más chicos para emitir dictamen y llevar la discusión al recinto», subrayó.
«Aunque la nueva conformación del Congreso tras las elecciones del año pasado hace que las votaciones sean complejas, hacer esto público nos da fuerza. El debate tiene dos andariveles: la discusión política de fondo sobre las privatizaciones y, por el otro, la exigencia de que si lo van a hacer, utilicen los instrumentos legales que corresponden«, recalcó.
El impacto regional del RIGI: críticas al Parque Solar «El Quemado»
El legislador nacional enmarcó las anomalías administrativas federales dentro del debate por la aplicación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el territorio mendocino, cuestionando los beneficios fiscales otorgados a proyectos preexistentes. «Esto mismo que ocurre a nivel nacional pasa con las medidas económicas, donde los proyectos se arman a la medida de los CEOs. Un claro ejemplo de cómo esto impacta en Mendoza se ve con el RIGI. La Empresa Provincial de Energía (EMESA) se creó en 2013 mediante una ley bajo una gestión peronista y comenzó a desarrollar el proyecto ejecutivo del parque solar ‘El Quemado’. En 2023, con el proyecto ya terminado, YPF Luz le compra el diseño a EMESA para ejecutarlo. La decisión de inversión y la obra ya estaban consolidadas antes de que existiera el RIGI», aseguró el diputado nacional justicialista.
«¿Por qué el Estado tiene que perdonarle impuestos a través del RIGI a una corporación que ya había decidido invertir en la provincia? Lo incorporan ahora para beneficiar al 49% de las acciones que están en manos de privados, dejándolos por 30 años sin aportar un solo peso a las arcas provinciales. Ese dinero debería ser fundamental para planificar rutas, viviendas o conducción hídrica en Mendoza», remarcó.
«Al final, le perdonamos tributos a un proyecto que no genera valor agregado en la puerta. El RIGI en nuestra provincia viene con nombre y apellido para beneficiar a los socios de siempre«, sentenció de forma contundente.