A fines de 2022 fue reglamentada la nueva ley vinculada al VIH-SIDA, de cuya organización participó la sociedad civil durante ocho años. No obstante, se está aplicando de manera parcial. Gustavo Granella, quien participó de la reglamentación, dialogó al respecto con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael.
La normativa vigente expresa que el VIH se debe trabajar en conjunto entre organismos estatales y la sociedad civil, pero se ha creado la Comisión Nacional del SIDA basándose en la ley, pero el Gobierno puso las condiciones y decidió que empleados estatales decidieran quiénes iban a participar en esa comisión. “Una ley que era muy democrática pasó a no ser democrática, básicamente”, criticó Granella y agregó que esto no es algo actual, sino que es un problema que atraviesan desde hace cuatro años. “Es una locura porque hay provincias del país que no pueden acceder –por ejemplo Mendoza– a la tarjeta Alimentar, porque es manejada solamente por el Movimiento Evita y grupos afines al Gobierno, lo cual nos ha llamado mucho la atención porque la mayoría de los planes son universales. Hablo de este plan y hablo del que se llama Progresar”, sostuvo y amplió que “hay grupos políticos oficialistas que secuestraron los planes durante los cuatro años de Gobierno”.
Se han llevado adelante trámites para que las personas empiecen a cobrar, pero por razones poco claras, no cobran, lo que les hace suponer que “el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer”. Es que hay metodologías para que la persona con VIH no tenga la obligación de explicarles a todos los empleados de ANSES cuál es el motivo de su presencia allí.
Granella denunció que “si uno pertenece al Movimiento Evita, puede acceder al Plan Progresar o a otros; si uno pertenece a La Cámpora puede acceder; y si uno no pertenece a esos grupos, no directamente”. Es que se accede a esos derechos, si el referente político lo desea cuando deberían ser más universales.
Destacó además, que es una ley muy especial ya que habla de la producción de medicamentos argentinos, a fin de que implique menos costos para el Estado; habla de las nuevas jubilaciones y pensiones, reglamentando que una persona con VIH puede jubilarse con 50 años de edad, diez años viviendo con el virus y 20 años de aporte.
