El panorama legal y ambiental en Argentina se ha visto sacudido por recientes ideas plasmadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente Javier Milei. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, un movimiento que ha despertado críticas y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad.
En ese contexto, el doctor Enrique Viale, reconocido abogado especializado en Derecho Ambiental y referente fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, ofreció su análisis sobre este aspecto específico del DNU y sus posibles implicancias para el futuro del país para Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
La Ley de Tierras, ahora derogada, imponía límites a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. Establecía restricciones basadas en porcentajes por provincia, considerando factores como la proximidad a zonas fronterizas, el acceso al agua y otros recursos clave. Viale comentó al respecto: “La derogación de la ley de tierras es un cambio significativo en la política de adquisición de tierras en Argentina. Antes, existían límites claros para evitar la concentración extranjera y proteger nuestros recursos naturales”.
Con la entrada en vigencia del DNU el pasado 29 de diciembre, los extranjeros ahora pueden adquirir tierras sin las restricciones previas. Esta situación plantea inquietudes, especialmente en provincias que históricamente estaban cerca del límite permitido del 15%. El letrado destacó: “Aunque a nivel nacional la diferencia puede parecer mínima, en ciertas provincias esta medida podría tener un impacto significativo. Regiones como la Patagonia o Mendoza, que ya estaban en la frontera de ese límite, podrían experimentar un aumento en la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros”.
El abogado ambientalista también señaló que esta medida, combinada con otras reformas propuestas, como el proyecto de Ley Ómnibus, plantea riesgos adicionales para el medio ambiente y los recursos naturales del país. El proyecto ómnibus busca modificar diversas leyes, incluyendo la ley de manejo del fuego y la Ley de Glaciares, con posibles consecuencias para la minería y el agronegocio.
“El DNU es manifiestamente constitucional”, aseguró Viale, destacando que la opinión es compartida por constitucionalistas. Sin embargo, el abogado subraya la importancia de que el Congreso rechace el DNU, no solo por cuestiones de constitucionalidad general, sino también por las implicancias específicas en áreas como el medio ambiente.
En relación con la modificación propuesta en la Ley de Glaciares, Viale explicó la relevancia para provincias como Mendoza, donde el acceso al agua es crucial. “Autorizar la actividad minera en zonas antes prohibidas por ley, como el ambiente periglaciar, podría tener consecuencias devastadoras para la producción de agua y los ríos de nuestro país”, advirtió.
El abogado enfatizó la necesidad de utilizar los resortes constitucionales e institucionales disponibles para abordar estas cuestiones. “Estamos trabajando para influir en el Congreso y lograr el rechazo del DNU y del proyecto de ley ómnibus. En el caso de modificaciones a leyes fundamentales como la ley de bosques y la ley de la ciudad, no dudaremos en recurrir a acciones judiciales”, afirmó.
La preocupación central radica en el posible retroceso en materia de protección ambiental. El especialista sostuvo que, si se aprueban ciertas modificaciones, se estaría violando el principio de no regresión ambiental. “No podemos permitirnos dar pasos atrás en la protección ambiental una vez que hemos alcanzado ciertos estándares. Esto claramente sería un retroceso que tendría consecuencias a largo plazo”, concluyó.
