Detalles de la causa que condenó a cinco años de prisión a un joven que vendía pornografía infantil en internet

El lunes se conoció la condena por el juez Claudio Gil de un joven de 20 años de San Rafael a cinco años y dos meses de prisión por la distribución y comercialización de material de abuso infantil. El fiscal Javier Giaroli, quien llevó adelante la investigación, brindó detalles del caso y explicó los factores que determinaron la pena.

Giaroli relató que la causa se inició a partir de una alerta emitida por una ONG en Estados Unidos, la cual fue derivada a la Fiscalía del Cibercrimen en Buenos Aires y, posteriormente, remitida a San Rafael por la identificación de metadatos que ubicaban la actividad en la ciudad. “El hecho que comenzamos a investigar fue la remisión de una captura de pantalla de un video de abuso sexual infantil a través de un Messenger de Facebook, desde un perfil falso. A partir de la información recopilada, logramos determinar que el responsable era Julián Valentín Herrera”, detalló el fiscal a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
Tras un allanamiento en el domicilio del acusado, las pruebas recolectadas revelaron un entramado mucho más complejo. “Se encontraron 80.000 contactos sólo en WhatsApp, cerca de 300 cuentas de Gmail con nombres distintos y una gran cantidad de billeteras virtuales, incluyendo wallets de criptomonedas y registros en plataformas como PayPal”, explicó Giaroli. El hallazgo de estas herramientas permitió confirmar la sospecha de que Herrera comercializaba el material, ya que se detectaron transferencias de dinero desde distintas partes del mundo.
El fiscal señaló que “en el carrete de su dispositivo se encontraron grandes volúmenes de material de abuso sexual infantil, categorizado de manera específica según edad, tipo de actividad y otras características”. A partir de esto, el Ministerio Público Fiscal decidió avanzar con una imputación más grave, centrada en la distribución y comercialización del material.
En cuanto a la condena, Herrera accedió a un juicio abreviado, lo que permitió un acuerdo con la Fiscalía. “Si bien personalmente nunca estoy completamente de acuerdo con las penas que se establecen, en este caso se encontraba dentro de los parámetros legales. Herrera no tenía antecedentes y era muy joven, lo que abrió la posibilidad de una reducción de la pena en comparación con un juicio oral, donde podría haber recibido entre seis y siete años”, explicó Giaroli.
Uno de los elementos clave en la reducción de la condena fue la colaboración del acusado con la justicia. “Brindó información sobre las personas con las que comercializaba el material, en su mayoría del extranjero. Se identificaron más de 20 individuos, principalmente en España”, indicó el fiscal. Debido a esto, se han abierto nuevas líneas de investigación con compulsas a distintos países, como Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia, donde la legislación prevé penas más severas para estos delitos.
Respecto a la evaluación psicológica del acusado, Giaroli comentó que la defensa intentó argumentar que Herrera padecía ludopatía y que su accionar estaba motivado por la necesidad de obtener dinero para el juego. “Los peritos forenses determinaron que comprendía sus actos y podía dirigir sus acciones. La estrategia de la defensa se basó en intentar reducir la responsabilidad penal, pero no prosperó”, sostuvo el fiscal.
En la actualidad, Herrera se encuentra detenido en el penal de Almafuerte, donde cumplirá la totalidad de su condena, ya que los delitos por los que fue sentenciado no le permiten acceder a la libertad condicional. “Este tipo de delitos a menudo son subestimados en su gravedad. Muchas veces, los jueces tienden a compararlos con otros delitos, como el homicidio, para determinar la pena, cuando en realidad el impacto de estas acciones es devastador. Es fundamental que quienes resuelvan estos casos comprendan la magnitud del daño que generan”, concluyó Giaroli.