Detectaron una “fábrica” de licencias nacionales de conducir truchas

La causa tiene un detenido que además se dedicaría a la comercialización de drogas

Tras una investigación que se inició el año pasado, fueron allanadas dos viviendas donde los investigadores encontraron tres licencias nacionales de conducir y un envoltorio con cocaína. Además se secuestró una balanza de precisión, un teléfono celular y una computadora. 

La aparición de licencias nacionales de conducir truchas durante controles viales efectuados el año pasado, dio lugar a una investigación para determinar su origen.
Luego de un rastrillaje ejecutado por agentes de la Unidad Investigativa de San Rafael, con el subcomisario Claudio Orozco a la cabeza, se ubicaron dos propiedades de Monte Comán como los posibles “laboratorios” de donde salían las licencias apócrifas.
Vale recordar que hubo varios casos de licencias truchas, aunque de los modelos emitidos por la Policía de Mendoza. Sin embargo, la aparición de los nuevos carnets nacionales generó incertidumbre y preocupación en la Policía, por lo que la Justicia avaló la investigación.
Tras una serie de datos recabados por los sabuesos policiales, se solicitaron órdenes de allanamiento en dos casas de Monte Comán, procedimientos que se ejecutaron la semana pasada, pudo saber Diario San Rafael.

Secuestro y detención
Las medidas ordenadas por la Justicia resultaron exitosas en la investigación. Fueron allanadas dos viviendas, una en calle La Rioja y la otra en calle Catamarca. En el interior de las propiedades, los investigadores hallaron tres licencias nacionales de conducir y un envoltorio con cocaína. Además se secuestró una balanza de precisión, un teléfono celular y una computadora.
Por otra parte, en virtud de los elementos incautados, fue detenido un hombre mayor de edad que quedó a disposición de la Justicia Provincial y la Justicia Federal, a raíz de la aparición de la droga.
Sobre la computadora está el mayor interés de los investigadores, pues buscarán determinar si ese era el aparato con el que se fabricaban las licencias apócrifas y cuál era el método para hacerlo.
La hipótesis es que en esas viviendas de Monte Comán se producían los carnets truchos y luego se vendían a un considerable monto de dinero. La negociación se realizaba de forma personal o a través de redes sociales, indicaron fuentes de la investigación a este diario. Para eso también es importante la pericia en el celular secuestrado.
No solo será investigado el detenido por las licencias falsas, también deberá responder por la droga incautada en su propiedad. El hecho de haber hallado una balanza de precisión y envoltorios con cocaína abre la sospecha de que también se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, lo que deberá ser determinado desde el Juzgado Federal.

Falsificación de documento público
El Código Penal de nuestro país, en su artículo 292, se refiere a la falsificación de documento público:
“El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.
Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años.
Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento”, establece la legislación penal.
En el caso que se investiga, la falsificación se agrava al ser un documento habilitante para circulación de vehículos automotores y prevé penas de hasta 8 años de prisión.

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