Con el objetivo de «hacer más incómodo el incumplir que el cumplir», la diputada provincial Giuliana Díaz impulsa una reforma integral a la Ley 6879 en Mendoza. El proyecto busca que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM) trascienda la faz administrativa y se convierta en una herramienta de restricción social efectiva, limitando el acceso a créditos financieros, apuestas y eventos culturales de alta concurrencia como la Fiesta de la Vendimia.
La iniciativa surge como respuesta a una estadística alarmante: el ReDAM provincial cuenta actualmente con una cifra que oscila cerca de los 1600 deudores, con una tendencia creciente que, según la legisladora, representa solo una fracción de la realidad. «Se trata de una cifra que va en alza. Alcanza con imaginar que en Mendoza somos más de dos millones de habitantes y tenemos un registro de unas 1.600 personas, pero por el boca en boca y los procesos judiciales que conocemos, sabemos que la cifra real es mucho más elevada», aseguró Díaz en FM Vos 94.5.
«Es un tema que está en visibilización; incluso ONU Mujeres tiene como estandarte la importancia de la cuota alimentaria, entendiendo que el incumplimiento es una forma de ejercer violencia económica sobre la mujer, quien mayoritariamente queda a cargo de las necesidades básicas», amplió.
Nuevas restricciones: del casino a la Vendimia
Si bien la normativa vigente en Mendoza ya contempla limitaciones —como la imposibilidad de renovar la licencia de conducir o la prohibición de salir del país bajo orden judicial—, el nuevo proyecto legislativo busca atacar directamente los ámbitos del esparcimiento y las finanzas personales para generar un efecto disuasivo real sobre los incumplidores.
Uno de los ejes más contundentes de la propuesta es la restricción en el área de juegos y apuestas. «Hemos incluido la prohibición de ingreso a los casinos y a los sistemas de juegos online públicos. Consideramos que existe una contradicción ética insalvable en que alguien que alega no tener recursos para afrontar la cuota de sus hijos, participe activamente en plataformas de apuestas», argumentó la diputada.
La reforma también apunta a la exclusión de eventos masivos, una medida que busca incomodar la vida social del deudor. «Sumamos la prohibición de ingreso a eventos culturales de gran escala, como la Fiesta Nacional de la Vendimia, festivales electrónicos o encuentros de alta concurrencia. El objetivo es reforzar las consecuencias sociales y que el moroso comprenda que el incumplimiento tiene un impacto directo en sus posibilidades de recreación», señaló la legisladora. Asimismo, el proyecto avanza sobre el sistema financiero para limitar la capacidad de maniobra económica de los deudores. Díaz explicó que ya se han iniciado gestiones con autoridades del CODEME (Clearing de Créditos del Comercio de Mendoza) para que quienes integren el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se encuentren inhabilitados o condicionados a la hora de solicitar créditos. «Queremos que la sanción tenga un impacto real en la vida diaria y comercial del moroso, garantizando que la prioridad sea siempre la responsabilidad alimentaria», destacó.
La justicia como filtro ante casos particulares
Frente al interrogante sobre posibles injusticias —como deudores que han perdido su empleo—, la diputada Díaz remarcó que la ley proporciona los marcos generales, pero es el Poder Judicial quien debe analizar la minuciosidad de cada situación. «No podemos analizar todos los casos de la misma manera, pero los proyectos se basan en una estadística general. Confiamos en que la Justicia, a través de cada juzgado y sus audiencias pertinentes, llevará a cabo la evaluación de cada caso como corresponde. Nuestra prioridad absoluta es resguardar el derecho de cada niño, niña y adolescente a recibir su cuota», aseveró.
«Muchas veces la madre abandona el proceso judicial por el calvario que implica el día a día; lo que buscamos con este proyecto es evitar ese desgaste y asegurar que el derecho del menor se cumpla», añadió.
El derecho del niño por encima de todo
Para la legisladora, la efectividad de un registro no reside en su existencia, sino en la capacidad del Estado para garantizar que el incumplimiento tenga consecuencias tangibles que obliguen a la responsabilidad. «Consideramos que no alcanza solamente con figurar en un registro; hacemos hincapié en estas sanciones para que se cumpla efectivamente con el deber hacia los niños. Estamos tratando de hacer un poco más incómodo el incumplir que el cumplir las normativas. Se trata de un cambio cultural y legal necesario para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad», fundamentó en otro tramo de la comunicación.
Estado parlamentario y debate en comisiones
El proyecto de ley ya ha iniciado su recorrido formal en la Legislatura provincial, buscando el consenso de diversos sectores para asegurar que, una vez sancionado, cuente con las herramientas necesarias para una aplicación efectiva y directa. Respecto al tratamiento actual, la propuesta se encuentra bajo un análisis minucioso en la Comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas de la Cámara de Diputados. Este espacio permite que la norma sea evaluada no solo desde una perspectiva jurídica, sino también social, considerando el impacto que tendrá en la protección de los derechos de los menores en toda la provincia.
En este proceso de debate, se contempla la posibilidad de introducir modificaciones que enriquezcan el texto original. «Estamos trabajando día a día con diferentes invitados que dan su aporte desde la experiencia técnica y judicial. Queremos que, a la hora de bajar al recinto para su votación, la norma salga lo más completa y consensuada posible, evitando baches legales que dificulten su implementación», subrayó la diputada Giuliana Díaz.
Finalmente, la legisladora hizo hincapié en la perspectiva de género que subyace en la problemática. Aunque aclaró que la ley es igualitaria y se aplica a cualquier progenitor que incumpla sus deberes, señaló que estadísticamente, la gran mayoría de quienes integran el registro son hombres.
