El abogado constitucionalista Diego Armesto habló sobre el proyecto que busca restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, repasó los antecedentes, los cambios propuestos y advirtió que en la Argentina “se gobierna más por decreto que por ley”.
El debate político en torno al uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) volvió al centro de la escena luego de que la Cámara de Diputados introdujera modificaciones al proyecto que busca limitar las facultades del Poder Ejecutivo. El texto, que ahora deberá volver al Senado, plantea un acotamiento de los tiempos y controles sobre estas medidas. Para analizar el alcance de la iniciativa, el abogado constitucionalista Diego Armesto dialogó con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 y ofreció un repaso histórico sobre la evolución de este mecanismo en la política argentina.
“La reforma constitucional de 1994 pretendió limitar el hiperpresidencialismo, y dentro de ello fue limitar los decretos de urgencia”, explicó Armesto al comienzo de la entrevista. Recordó que, sin embargo, en 2006 se sancionó la ley 26.122, “que regula los decretos de urgencia pero a favor del Ejecutivo”. Según detalló, “desde el 2006 a la fecha, esa ley le sirvió a todos los gobiernos para poder dictar decretos de urgencia sin ningún tipo de control y limitación”.
Armesto señaló que este marco legal, lejos de ser una herramienta de equilibrio, consolidó el poder presidencial. “Hay un control político pero es muy poco”, puntualizó. Además, recordó que el proyecto original de la norma fue impulsado por Néstor Kirchner cuando Cristina Fernández era senadora y miembro informante: “La autora fue Cristina”.
Consultado sobre el cambio de postura del kirchnerismo actual frente a la ley que en su momento promovió, Armesto planteó una fuerte crítica al comportamiento político de los distintos sectores. “Acá lo que hay es un republicanismo intermitente o de papel maché”, sostuvo. “No es una cuestión que hoy el kirchnerismo, no, es según del lado del mostrador que estés”, agregó.
Para el abogado, este fenómeno no se limita a un solo espacio político. “La regla del republicanismo intermitente es tanto para los oficialistas de hoy como para los oficialistas de ayer. Lo que no ponen por encima de todo no son legisladores que proyecten la institucionalidad a largo plazo, sino que solamente responden a una coyuntura”, reflexionó.
Armesto subrayó que estas inconsistencias afectan directamente la seguridad jurídica y el funcionamiento de la democracia. “Un país que no está gobernado por la ley, sino por decretos de necesidad y urgencia, no puede ofrecer seguridad jurídica”, advirtió. En ese sentido, remarcó que “lo único que le da sustancia a la institucionalidad es el proceso de formación y sanción de la ley establecido en el artículo 77 de la Constitución”.
Respecto al contenido del proyecto que se encuentra en tratamiento legislativo, explicó que el cambio más relevante “es el plazo: a los 90 días, si no se trató el decreto, se cae”. De esta forma, si en ese lapso el Congreso no se pronuncia, el DNU pierde vigencia, aunque sin invalidar los efectos jurídicos que haya tenido hasta ese momento. “Esto afecta indefectiblemente la institucionalidad”, dijo, aunque valoró que al menos se imponga un límite temporal al Ejecutivo.
El constitucionalista también recordó que una propuesta similar había sido presentada en 2010 por referentes opositores de aquel entonces. “El proyecto del 2010 de Giudici, Milman, Patricia Bullrich y compañía era peor, tenía 60 días. Entonces, fijate —añadió— esto que te digo: el republicanismo intermitente funciona según el lado del mostrador que estés”.
Consultado sobre el futuro del proyecto, Armesto anticipó que “el Senado sacó 55 votos, yo calculo que va a tener de nuevo los 55 votos, y el Poder Ejecutivo va a vetar”. En ese contexto, consideró que el oficialismo necesitará lograr consensos para sostener su agenda institucional: “Vamos a tener un Gobierno durante dos años, si no busca diálogo y consenso, va a gobernar por decreto y veto”.
Finalmente, hizo referencia a la dinámica política que se avecina y a los tiempos legislativos. Señaló que, según los plazos, el veto presidencial podría concretarse hacia el cierre de las sesiones ordinarias. Sin embargo, más allá de los resultados electorales o las correlaciones de fuerzas, Armesto puso el foco en un problema estructural: “Siempre tenemos una ley que termina siendo inconstitucional. Pero bueno, es la Argentina, una Argentina anómica que vive al margen de la ley”, concluyó.
