Dietas que engordan la polémica en medio de la crisis

Tras el acuerdo salarial al que llegaron los principales referentes del Congreso nacional (de todos los partidos políticos), por el cual se aumentarían las dietas de diputados y senadores en un 40%, la polémica no tardó en aparecer. Y es que, por caso, el salario bruto de un diputado nacional, que en febrero último rondaba los $280.000, ahora pasaría a casi $400.000 en el mes de octubre, algo muy lejano al promedio salarial del resto de los trabajadores argentinos. De hecho, y solo a modo de comparación, si se toma en cuenta que el Salario Mínimo, Vital y Móvil en nuestro país es, desde el 1 de junio último, de $25.572, los diputados nacionales pasarían a percibir 15 veces más que lo mínimo que cobra un trabajador registrado en nuestro país.
Nadie podría pensar de manera lógica y seria que los integrantes del Poder Legislativo de un país o de una provincia serios deban cobrar poco o trabajar “ad honorem” como algunas veces se propone demagógicamente. En una sociedad como la argentina, las dietas legislativas deben ser acordes a la importancia y responsabilidad del trabajo que se realiza, sin olvidar que sería saludable que alguna vez se implementara una medición objetiva de la productividad de nuestros representantes para que la justicia reine en la discusión.
Lo que está más que claro es que, con los indicadores estadísticos de pobreza e indigencia que hoy muestra el país, un incremento de esas características sería casi una afrenta al resto de la comunidad, a la que –paradójicamente– están representando.
Finalmente, el pretendido aumento, que beneficiaría a quienes muchas veces reclaman esfuerzos a los otros integrantes de la sociedad “para atravesar la crisis” (una crisis más), pareciera estar –por lo menos– fuera de lugar y alejar un poco más a la clase dirigente de quienes son sus representados y que, en su gran mayoría, no han percibido ni por asomo los mismos aumentos en sus sueldos durante los últimos años.