Difonso: “Hay quienes confunden la declaración de servicio público con estatización”

El decreto que declara servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía móvil, internet y televisión por cable genera mucho debate en el país y en las mismas empresas.
En la provincia de Mendoza hace poco el diputado Jorge Difonso ya había presentado un proyecto pidiendo que se diera este paso, por lo que ahora ante el decreto sacado por el presidente Alberto Fernández salió a apoyar la iniciativa.
Difonso, que llegó a la Legislatura como parte del Frente Renovador que en Mendoza fue dentro de Cambia Mendoza, aclaró que una cosa es que se declare servicio público y otra que sea estatizado. Él apoya lo primero.
“Estoy absolutamente a favor, en junio lo planteamos en Mendoza, más en épocas de pandemia ha sido fundamental para las emergencias, la educación y a su vez tomamos conocimientos de planteos de organismos de defensa al consumidor donde no era buena la señal, o la factura aumentaba excesivamente, al declararlo servicio público se va a controlar más; antes de un aumento, que tenga que hacerse una audiencia pública o que tenga que asegurarse la señal en zonas que hoy no tienen”.
Disintió con quienes creen que este paso que dio el Gobierno llevará a más costos para los ciudadanos y terminará en menor calidad de los servicios.
“Estados Unidos, Francia, Alemania ya han decretado esto y han mejorado mucho el sistema de conectividad, hay sectores que confunden la declaración de servicio público con la estatización, la declaración de servicio público pone al Estado como un veedor, no se constituye en prestador”, señaló Difonso, ex intendente de San Carlos.
Ayer el sector de las telecomunicaciones se unió y publicó un texto conjunto en el que acusaron al Gobierno de dictar un decreto innecesario e injustificado. “Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de emergencia sanitaria. Existe un acuerdo suscripto con el Gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y en un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todo los involucrados”, asegura el texto.