Difonso: “No quisiera creer que se aprovecha la pandemia para volver a la carga y eliminar la 7.722”

En medio de la pandemia del Covid-19, en la provincia resurgieron voces que piden por la minería como supuesto salvoconducto económico, generando nuevamente el debate sobre un tema que a fin del año pasado generó masivas movilizaciones en defensa de la ley que regula la actividad.
Una de las voces que ha hecho público su deseo en esta dirección es la del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, que pidió una excepción de la ley para ese departamento.
Jorge Difonso, diputado provincial del Frente Renovador, conocido por su postura a favor del ambiente, habló con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael al respecto. El legislador remarcó que la 7.722 viene siendo atacada por el lobby minero desde su creación misma, hace 12 años.
“En su historia, la ley 7.722 ha tenido que resistir diversos embates, empezando desde su sanción en 2007, hubo un lobby minero fuerte para que no se aprobara; después de que fue aprobada, hubo planteos en la Suprema Corte para que la ley fuera declarada inconstitucional, cuestión que la Corte resolvió en forma unánime dando la plena vigencia y constitucionalidad a la 7.722. Después tuvimos la reforma legislativa que se hizo en diciembre pasado con una mayoría, pero que con la presión de la gente se volvió a instaurar la ley”.
Para Difonso, “ahora el nuevo intento es una especie de desguace de la ley, primero un municipio, después será otro. El factor común es el lobby minero sobre los gobiernos, es el problema que aqueja a una ley que no prohíbe la minería, la controla y regula y por eso es motivo de sucesivos embates”.
El exintendente de San Carlos resaltó que el último debate fue en diciembre y siete meses después se retoma el tema. “No quisiera creer que se aprovecha la pandemia para volver a la carga y tratar de eliminar la ley, un proyecto minero requiere 5 o 10 años para entrar en explotación, es decir, que los argumentos de que se necesita la minería para resolver la urgencia desnudan una doble intencionalidad, una estrategia para ir con otra metodología por el mismo objetivo que han intentado durante 12 años, que es eliminar la 7.722”.
Sostuvo además que una modificatoria por el estilo viola los principios de regresión, congruencia y sustentabilidad.
Sobre si el Consejo Económico, Social y Ambiental aprobado recientemente también es un intento de volver al tema minero, como ha señalado algún legislador opositor, opinó que “creería que no, creo que es para darle tratamiento no solo a temas de la coyuntura, sino ir previendo lo que viene en la provincia; mientras exista participación, es importante que haya ámbitos de análisis y expresión de los distintos sectores”.
Sobre si esto debería dirimirse con un referéndum, Difonso dijo que “lo de diciembre fue muy contundente y quedó claro que la posición de Mendoza es el cuidado del agua y el ambiente, con lo que nos pasa a nivel mundial, el medio ambiente y la salud deben estar ligados”.