Mediante una resolución, la Cámara de Diputados mendocina rechazó el fallo de la Suprema Corte de Justicia que habilita la enseñanza y práctica de la religión católica en las escuelas, fallo que se dictó tras una presentación del Obispado sureño por una decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE).
Durante la sesión de la Cámara de Diputados, se avaló una propuesta del legislador del Partido Intransigente Eduardo Martínez Guerra que habla del rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia que habilita la enseñanza y práctica de la religión católica en las escuelas.
El 25 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (no en pleno) resolvió con la firma de dos sus miembros, Julio Gómez y Teresa Day, favorablemente una petición interpuesta por el Arzobispado de San Rafael a los fines de que se declarare nula una resolución de la Dirección General de Escuelas emitida en el año 2018, por la cual se prohibía la celebración de misas, conmemoraciones, festejos, alabanzas, etc, en establecimientos educativos de enseñanza pública.
En diálogo con Fm Vos (94.5), Martínez Guerra expresó que “tiene que ver con la institucionalidad, el Poder Legislativo tiene su voz y voto, nosotros lo que quisimos hacer es prender una luz de alarma diciendo que hay que respetar una Constitución provincial que en su artículo 12 dice que la educación tiene que ser laica y la Constitución nacional en su artículo 14 habla del libre culto”.
Añadió que “la interpretación que hacen los jueces es simplemente una interpretación y la DGE puede hacer una apelación en un recurso extraordinario federal o dictar una nueva resolución que impida que las escuelas profundicen su carácter no laico”.
Un argumento repetido de quienes defienden imponer una religión en las escuelas es la “tradición”, como si eso lo justificara. En ese sentido el legislador opinó que “tenemos una ley, la Constitución dice una cosa y el Código Civil dice otra, hay cosas que hay que ajustar”, señaló luego de expresar que “hay sectores que quiere mantener estos privilegios de una religión determinada en escuelas públicas”, por lo que se mostró proclive a que las reformas de la Constitución nacional y provincial discutan estos temas.
