La imagen de una profesional argentina enfrentando una posible condena de quince años de prisión en Brasil por un gesto racista ha sacudido la modorra de quienes, habitualmente, minimizan el alcance de sus palabras y acciones. El caso de Agostina Páez, la abogada que imitó los movimientos de un simio ante trabajadores de un bar en Río de Janeiro, no es solo una anécdota judicial en tierras extranjeras; es un espejo brutal que nos obliga a mirar las profundas grietas de nuestra propia convivencia. Mientras en otras latitudes la justicia entiende que el menoscabo a la dignidad humana es un delito que merece el rigor máximo, en nuestro país —y particularmente en nuestra cotidianidad mendocina— la discriminación se ha transformado en un ruido de fondo tan constante que ya casi nadie se detiene a denunciarlo.
La desproporción aparente entre un gesto y una década y media de cárcel nos resulta chocante solo porque vivimos en una cultura de la impunidad verbal. En Brasil, la injuria racial es un ataque al corazón del contrato social; en Argentina, en cambio, hemos naturalizado el vilipendio como una forma legítima de comunicación. El episodio de Ipanema pone a prueba no solo la pericia de la diplomacia para lograr el retorno de la acusada a Santiago del Estero, sino también nuestra capacidad de comprender que la libertad de expresión no es un salvoconducto para la humillación del otro.
Si trasladamos el análisis a nuestra realidad en San Rafael, el panorama es desolador por su invisibilidad. Aquí, la discriminación no siempre necesita de un gesto simiesco para ser letal; se manifiesta en el desprecio sistemático hacia quien habita en un barrio determinado, en la estigmatización del joven que transita por la avenida Mitre con una vestimenta que incomoda al prejuicio o en el odio visceral que se descarga contra aquellos que perciben un plan social. El «planero» -más allá de que el mileísmo haya multiplicado la cantidad de planes sociales y los haya aumentado por encima de la inflación como no ha dejado con los sueldos privados ni mucho menos estatales- se ha convertido en el paria moderno, una figura sobre la cual se permite cualquier tipo de insulto a toda boca, sin que la justicia intervenga ni la comunidad se sienta mínimamente afectada por la deshumanización de su vecino.
Esta lógica de exclusión se extiende con igual virulencia al plano de las ideas. Pensar políticamente de manera distinta se ha transformado en una causal de exilio social en los círculos de pertenencia. La intolerancia ha calado tan hondo que el disenso ya no se debate, se extirpa mediante la burla o el aislamiento. Es alarmante observar cómo, mientras el mundo avanza hacia legislaciones que protegen la integridad moral de los ciudadanos con un celo extremo, nosotros retrocedemos hacia una suerte de barbarie discursiva donde el más fuerte o el más ruidoso impone su derecho a maltratar.
El caso de la abogada en Río de Janeiro debería ser algo más que una noticia internacional; debería ser la advertencia definitiva de que la dignidad humana no tiene precio, y que el silencio ante la discriminación es, en última instancia, la forma más insidiosa de complicidad.
