Mientras el caso por la expropiación de YPF avanza en la Justicia de Estados Unidos, con un reclamo millonario en juego, el abogado especialista en Derecho Internacional, Luis Nielsen, brindó su mirada sobre el panorama que enfrenta la Argentina. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, explicó que la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender temporalmente la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago a Burford Capital, una medida que definió como “un paso importante” para Argentina.
“En principio tenemos una buena noticia en el sentido de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York hizo lugar a un pedido de nuestro país, de Argentina, en el sentido de suspender temporalmente la entrega del 51% de las acciones en parte de pago por los 16.000 millones de dólares que había cotizado la jueza Preska”, destacó Nielsen, aunque aclaró que ello “no significa que se haya dirimido la cuestión de fondo”.
Según explicó, el proceso continúa y tanto los abogados del fondo Burford Capital como los de la Argentina deben presentar nuevos escritos. “Ahora naturalmente tienen los abogados de Burford y los abogados de nuestro país que presentar los escritos correspondientes a los efectos de obviamente ampliar sus fundamentos e intentar lo que yo creo que debería ser una resolución favorable al menos parcialmente a nuestro país”, señaló.
El letrado remarcó que el fallo de la jueza Preska contiene errores, en particular respecto al tipo de cambio que utilizó para calcular la indemnización. “Desde mi punto de vista el fallo va a ser reducido por la Cámara de Apelaciones o debería hacerlo de acuerdo a que la jueza Preska tomó un tipo de cambio para hacer el cálculo del valor indemnizatorio, que desde nuestro punto de vista es equivocado”, expresó.
A su entender, “debería ser reducido drásticamente, lo cual obviamente mejoraría la posición negociadora de Argentina respecto a esa cuestión”. Para Nielsen, se trata de un punto central, tanto para el futuro de la petrolera como para la seguridad jurídica e inversiones en el país. “Es clave que la seguridad jurídica esté, que hay instituciones sólidas, no alcanza solo con una buena base macroeconómica para que un país pueda lograr ganar inversiones y construir un futuro con desarrollo para su población”, indicó.
En cuanto al origen del conflicto, Nielsen fue crítico del proceso de estatización llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. “No se está pagando las consecuencias de una estatización, se está pagando las consecuencias de una muy mala estatización en el sentido de cómo fue el procedimiento que llevó a cabo el gobierno argentino en su momento con los dos interventores que fueron Julio De Vido y Axel Kicillof, que hicieron lamentablemente las cosas muy mal, incumplieron el estatuto de la propia empresa YPF y bueno, nos llevan a esta situación”, afirmó.
Recordó que el estatuto de YPF establecía que, cuando el Estado adquiriera más del 25% de las acciones, debía realizarse una oferta pública de adquisición (OPA), lo que nunca ocurrió. “Argentina está en juicio por incumplir la normativa, en el sentido de que incumplió el estatuto de YPF que decía que cuando más del 25% de las acciones sean incorporadas, por ejemplo por el gobierno, debía ser la famosa OPA, la famosa oferta pública de acciones, no se hizo y eso deriva finalmente en el juicio por el incumplimiento de una ley”, señaló.
Sobre las alternativas que tiene ahora la Cámara de Apelaciones, Nielsen indicó que pueden “revocar totalmente la sentencia de Preska o revocarla parcialmente o confirmarla”, aunque se inclinó por la opción intermedia: “Creo que la va a revocar parcialmente y que no van a ser 16.000 millones de dólares, sino un monto bastante menor”.
Insistió en que es fundamental observar cómo se llegó a esta situación, mencionando los vínculos entre el poder político y determinados grupos empresariales. “También hay que prestar atención a esta idea de los amigos del poder, del capitalismo, amigos, porque eso hizo mucho daño en su momento y esto lo estamos pagando todos, lamentablemente”, opinó.
En ese sentido, recordó el ingreso del grupo Petersen como accionista de YPF. “Hubo efectivamente actos de corrupción para que ingresara el grupo Petersen que tuvieron un porcentaje alto de las acciones de YPF, pagando montos que nos podrían parecer irrisorios para lo que es una compañía del tamaño de YPF, y eso nos deriva hoy en un juicio multimillonario”, aseguró.
Nielsen fue enfático en diferenciar la ley aprobada por el Congreso de la gestión de los interventores. “No es la ley que se votó en el Congreso, es el desastre que hicieron Kicillof y De Vido cuando ingresan en intervención de la compañía”, afirmó. No obstante, subrayó que ahora lo prioritario es defender los intereses nacionales.
“Hoy lo que tenemos que hacer todos es poner nuestra bandera por delante y defender los intereses estratégicos de nuestro país, y YPF es uno de ellos”, sostuvo. Y agregó: “Sobre todo teniendo en cuenta que las reservas de gas y petróleo de Argentina, en Vaca Muerta y las zonas de influencia, son un potencial importante para pensar en una ampliación sustancial de las exportaciones de nuestro país”.
Finalmente, sugirió dos acciones concretas para acompañar el proceso judicial desde la política local: “Creo que es importante que el Congreso saque una declaración como mínimo consensuada respecto a rechazar el fallo de la jueza Preska, eso también ayudaría, y eventualmente proponer también un Amicus Curiae, en la cual hace a expertos que puedan colaborar con conocimiento muy claro en la causa y en el tema que se está tratando, para que logremos la mejor sentencia posible dentro de una situación desde ya muy compleja.”
