Hace exactamente dos años, la Octava Cámara del Crimen de la capital provincial comenzaba a juzgar al chofer chileno Francisco Sanhueza, quien el 18 de febrero de 2017 protagonizara la peor tragedia vial de nuestra provincia cuando el colectivo de la empresa Turbus que manejaba por la ruta a Chile derrapó y volcó, provocando el fallecimiento de 19 personas -16 de ellas en el lugar del siniestro- y más de 20 heridos.
Una semana después, los jueces consideraron que Sanhueza era culpable del siniestro por «el exceso de la velocidad (el colectivo iba a más de 100 kilómetros por hora en una zona de montaña, donde la máxima permitida era de 40 km./h.) y el haber desoído los pedidos de los pasajeros y el chofer acompañante para que bajara la velocidad». Así, Sanhueza fue condenado a 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para conducir, lo que constituyó la sentencia más dura de la justicia mendocina frente a un siniestro vial.
En tanto, esta semana y tras un juicio abreviado, el colectivero Cristian Salinas recibió una condena de tres años de prisión condicional -excarcelable- y tendrá cinco años de prohibición para manejar. Se trata del chofer que volcó en el empalme de las rutas 308 y 157 en Tucumán y provocó la muerte de 15 jubilados mendocinos el 1 de julio de 2019.
Ambas resoluciones judiciales dejan a las claras varias cuestiones dignas de analizarse. En primer término, y más allá de las particularidades de los casos, no deja de llamar la atención la diferencia de criterios entre los jueces que evalúan este tipo de situaciones a la hora de imponer las sanciones a quienes, en definitiva, se los considera responsables de dos tragedias. Por otra parte, ambos hechos (y muchos otros) deberían inquirirnos –entre otras cosas- acerca de cuán idóneos y comprometidos son quienes tienen a su cargo la siempre riesgosa tarea de transportar a otros seres humanos, cuáles son las condiciones en las que desarrollan su labor, y quién y cómo controla esas circunstancias.
