Duro cruce en el Senado por cambios a la ley de quiebras
El kirchnerismo y Juntos por el Cambio intercambiaron duras imputaciones este jueves en el Senado sobre la crisis económica durante el debate de un proyecto que suspende el cómputo de los plazos procesales de los concursos y quiebras, otorgando diversos beneficios a los deudores en razón de la emergencia del coronavirus.
En medio de acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad de la actual situación la radical Silvia Elías de Pérez sostuvo que «nunca en la historia un gobierno perdió en tan pocos meses la credibilidad como este». Atribuyó la necesidad de auxiliar a las pymes a las erróneas medidas del presidente Alberto Fernández en respuesta a la camporista correntina Ana Almirón que había atribuido el descalabro a Mauricio Macri.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en julio en Diputados y frenado hasta ayer por el oficialismo en el Senado, que terminó por aceptar su tratamiento, pero poniéndole límites. El kirchnerismo dispuso que no podrán acceder a los beneficios los concursados que hayan transferido dividendos al exterior, girado fondos a países que no dan información fiscal o hayan hecho operaciones de dólar contado con liquidación. Ayer ganó la votación por 41 votos a 29, por lo que Diputados, adonde volvió el proyecto, podrá imponer su redacción con mayoría simple.
Elías de Pérez señaló que su bloque apoyaría la versión de Diputados y agregó que no había que perjudicar a los empresarios buenos por los malos, incluyendo entre estos últimos a “los que crecen con los impuestos que no pagan” en referencia a Cristóbal López o “los que cartelizan la obra pública”.
Por su parte el kirchnerista Oscar Parrilli alegó que los reclamos de la oposición eran para proteger al Correo Argentino y Vicentin, lo que fue respondido por Esteban Bullrich con alusiones a los bolsos de José López. También hizo una cruda descripción del derrumbe económico de los últimos meses, de la pérdida de cuatro millones de empleo y del cierre de decenas de miles de pymes. El senador del PRO pidió “racionalidad” y que la norma alcanzase a las empresas que entraron en concurso antes del 20 de marzo.
Los beneficios que dispone el proyecto son, entre otros, la suspensión de la ejecución de las garantías dadas por obligaciones financieras, las subastas y los embargos de cuentas bancarias. En los acuerdos concursales prorroga las obligaciones del deudor se por un año.