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sábado 20, de abril , 2024

Echaron a un empleado del Estado por adulterar cédulas

A través del decreto N° 2.322, el Ministerio de Infraestructura cesanteó a un empleado de la Dirección de Protección Ambiental por irregularidades administrativas que se constataron en  un informe del Área de Residuos Peligrosos.

Específicamente se detectaron irregularidades en la recepción de constancias de pagos de aforos y en la Tasa de Evaluación y Fiscalización. El inspector oficiaba de gestor para las empresas a quienes terminaba perjudicando. 

En la investigación se pudo constatar la repitición o duplicación del número de transacción, lo que implicó que el comprobante o código pagado se agregara a varios expedientes de forma reiterativa. Esto significa que “simuló” un pago que no se realizó.

En todos los casos, las cédulas de notificación están firmadas por el agente en cuestión, quien incorporó códigos adulterados o duplicados.

A través de su defensora, el empleado desconoció los testimoniales del cargo y planteó la nulidad ofreciendo pruebas donde también se advirtieron irregularidades.  A raíz de eso presentó un nuevo descargo.

“Que existe la posibilidad de la comisión de un delito ante la falsificación o adulteración de las firmas de las empresas quienes claramente negaron la autenticidad de las firmas puesta en las cédulas, pero solo en el ámbito penal se podrá determinar la vinculación o responsabilidad penal de los intervinientes, no en el sumario administrativo”, señala el decreto.

“Que el agente González iba a las empresas y retiraba la documentación para presentar en la Dirección de Protección Ambiental, cobraba por sus servicios y le reintegraban el dinero que el abonaba por los Códigos”, añade la investigación.

Es por eso que el informe concluye que «en la especie nos encontramos con una serie de irregularidades que conforme su naturaleza e importancia podemos calificar de muy graves, toda vez que el agente González ha incurrido en una serie de conductas contrarias al procedimiento normal de sus funciones en beneficio propio afectando para ello bienes y documentación pública e incurriendo en una conducta inmoral e indecorosa». 

Fuente: El Sol

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