El defensor oficial federal, Jorge Omar Miranda, que se encuentra procesado en el llamado Bentogate por el presunto pago de coimas cuando era abogado particular, fue destituido de su cargo por “mal desempeño” en sus funciones.
Así lo resolvió por unanimidad el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa el pasado lunes. Miranda, de 66 años, está acusado por haber utilizado su cargo en una causa en la que está procesado y por involucrarse en la investigación del Bentogate.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, convocó al Tribunal de Enjuiciamiento para “resolver si las conductas atribuidas” a Miranda “ameritan o no la aplicación de la sanción de remoción, por configurar la causal de mal desempeño del cargo”.
Miranda, conocido como el Negro, era desde 2019 el titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza. Fue suspendido de su cargo a fines de mayo y desde ese momento pasó a cobrar el 70% de su salario.
Durante el proceso, el abogado planteó una serie de nulidades, que fueron rechazadas. “En líneas generales, este magistrado utilizó su condición de Defensor Público Oficial y su carácter de titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza para entrometerse en una causa en la cual se encuentra procesado en la actualidad”, señala el fallo del Tribunal.
La investigación confirmó que Miranda, con la excusa de “garantizar la legalidad” de algunas declaraciones testimoniales, tuvo una actuación indebida e irregular en una de las causas vinculadas al Bentogate.
“El proceder correcto hubiese sido rechazar esa intervención” porque “se trataba de una causa en la que desde su inicio ya existían personas imputadas que no lo habían designado como su abogado defensor”, destaca la resolución que determinó la remoción.
Falta de transparencia
Miranda fue abogado particular de Rosa Isabel Fernández Morales, quien está acusada de pagar sobornos en el marco de la causa en la que está procesado como jefe de una asociación ilícita el juez federal Walter Bento.
Según se desprende del expediente, el 24 de julio de 2014 Miranda solicitó el sobreseimiento e inmediata excarcelación de Fernández Morales, pedido que fue aceptado por Bento, mientras el resto de los imputados en la causa mantenían la prisión preventiva.
Pese a esa situación, Miranda se involucró en diciembre de 2020 en las declaraciones de otros sospechosos comprometidos en el mismo expediente.
“Su participación en estas declaraciones testimoniales existiendo un manifiesto interés personal en el objeto procesal de la causa, comprometió la integridad de su desempeño profesional al usar la representación general de los imputados en beneficio propio”, sostuvo el Tribunal de Enjuiciamiento, que apuntó contra la falta de transparencia en el accionar de Miranda. Y añadió que “existió una falta de decoro y rectitud porque con esta actuación puso en duda la transparencia y legitimidad de una investigación penal de suma trascendencia pública”.
Tras esa participación, Miranda intentó apartarse de la investigación penal. Sin embargo, no informó las verdaderas razones detrás de esa solicitud, “omitió hacer referencia a que se estaba investigando el delito de cohecho en una causa en la cual él había intervenido como abogado particular” y no se excusó de intervenir en “el caso de que algún imputado designe defensa oficial”. Por ese motivo, no existió un efectivo apartamiento de las causas.
Miranda también fue denunciado por presunto acoso sexual contra la pareja de un reconocido narco que está preso en la cárcel de Boulogne Sur Mer de Ciudad. Sin embargo, por falta de pruebas, el Tribunal no tuvo en cuenta esa acusación al momento de echarlo del cargo.
Fuente: El Sol
