Economía del Conocimiento: un amparo trae alivio a los emprendedores

El miércoles, un fallo judicial trajo alivio a la situación de miles de emprendedores. Se trata de la medida cautelar que había solicitado la Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA) y que dictó el Juzgado Comercial 24º, con firma del juez Horacio Robledo. La medida apunta directo a la Inspección General de Justicia (IGJ), que impedía funcionar a las sociedades simplificadas, un instrumento legal clave para la operatoria de las start-up que fue impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Para conocer la importancia de temática, desde FM Vos (94.5) y Diario San Rafael conversamos con el ingeniero Rodolfo Bianchi, presidente de la Específica de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio, quien dijo que “una de las problemáticas que poseen los emprendedores es cómo organizar jurídicamente los emprendimientos; una forma muy normal de trabajar hoy es crear una asociación con compañeros en el emprendimiento, pero crear una sociedad es un problema monstruoso cuando no tenés capital ni mucho tiempo para dedicarle”.
La IGJ, bajo la dirección de Ricardo Nissen, impedía funcionar a las sociedades simplificadas. Conocidas como SAS (“Sociedad por Acciones Simplificada), fueron víctimas de todo tipo de trabas y se intentó desarmar a las que ya estaban en funcionamiento y se habían constituido e inscripto ante el organismo.
Bianchi señaló que las SAS son un tipo de sociedad que permite simplificar procedimientos y reducir costos a través de su constitución de manera digital, en apenas un día, algo que parecería imposible por las formalidades que se requieren y los tiempos que implican esos trámites. Hay casos de sociedades anónimas que han demorado incluso más de ocho meses en constituirse, con la firma de un escribano, inscripción en el Registro Público de Comercio y otros trámites.

Internet:
servicio público
Desde su actividad privada, ligada a la provisión de servicio de internet, Bianchi hizo un balance sobre cómo se ve afectado tras el DNU que declara como servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión por cable, así como las nuevas medidas anunciadas por el Banco Central. “El DNU, hoy en la práctica, solamente sabemos que restringe el precio hasta final de año y que después va a estar regulado”, señaló, y agregó que en nuestro departamento su empresa no ha aumentado el precio del servicio desde diciembre del año pasado, es decir, que el DNU no evitó que subieran el precio.
El empresario considera importante que el Gobierno resuelva diversas “asimetrías” que se dan entre las pequeñas empresas y las multinacionales, pues se legisla en función de estas últimas sin tener en cuenta que hay otras menores que trabajan en el interior del interior, como ocurre en San Rafael.

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