El Gobierno nacional modificó las bases de contratación del estudio jurídico que representa a la Argentina en los principales litigios que se tramitan en tribunales de los Estados Unidos y el Reino Unido, como los juicios de expropiación de YPF y de la manipulación de datos del INDEC.
La nueva enmienda en la contratación de la firma Sullivan & Cromwell LLP fue formalizada mediante la Resolución 882/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Al argumentar la medida, en el texto oficial que lleva la firma del ministro Luis Caputo, se explicó que “con miras a la oportuna y adecuada tutela de los intereses del Estado Nacional deviene necesario introducir modificaciones a las mencionadas Bases de Contratación, las que contribuirán en la dinámica de administración de la actual y venidera cartera de litigios”.
El contrato original, que data de 2021, fue diseñado para enfrentar demandas de alto impacto financiero para las arcas públicas. Actualmente, el estudio Sullivan & Cromwell lidera la defensa en tres frentes principales:
Cupón PBI en Estados Unidos: demandas iniciadas por fondos como Aurelius Capital Master, Novoriver S.A. y ACP Master, entre otros, vinculadas a los pagos del Producto Bruto Interno.
Caso YPF (Petersen y Eton Park): litigios en Nueva York derivados de la expropiación del capital accionario de la petrolera.
Caso del Reino Unido: el proceso iniciado por Palladian Partners y otros ante la Alta Corte de Justicia del Reino Unido.
Además, la resolución prevé que, bajo solicitud de la Procuración del Tesoro, el estudio pueda asumir la representación en cualquier otro litigio en jurisdicciones extranjeras donde Argentina sea parte.
La normativa sustituye el anexo previo por un nuevo conjunto de “Bases de la Contratación” que detallan las condiciones operativas de la relación entre el Estado y el estudio jurídico. Entre los puntos más destacados se encuentran:
Forma de pago: la cotización se mantiene por hora de trabajo, diferenciada por la categoría y antigüedad de los profesionales. Los honorarios se abonan en dólares estadounidenses, con excepción de los gastos en el Reino Unido (Libras Esterlinas) o la Unión Europea (Euros).
Gastos admitidos: el Estado cubrirá costos de litigio, honorarios de expertos externos (barristers), viajes, alojamiento y grandes trabajos de copiado, siempre que estén debidamente justificados.
Transparencia y ética: la firma debe cumplir estrictamente con declaraciones juradas de intereses, confidencialidad y programas de integridad (Ley N° 27.401) para evitar cualquier tipo de conflicto de interés durante la prestación del servicio.
Esta no es la primera modificación que recibe el contrato original de 2021, ya que ya se habían aprobado enmiendas previas en mayo de 2022 y septiembre de 2025. La actual modificación contó con la conformidad expresa del estudio Sullivan & Cromwell y la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.
