La reconfiguración de la matriz de precios relativos en la Argentina instaló un profundo debate sobre el impacto de la posible quita de subsidios en los ingresos familiares y la sostenibilidad de las variables macroeconómicas. La destacada economista Paula Pía Ariet, especialista en gestión de capital humano y análisis financiero, desarmó las asimetrías federales que rigieron el costo de los servicios públicos durante las últimas décadas y analizó la reciente reforma al régimen de zonas frías dictada por el Congreso y que tiene media sanción en Diputados. Asimismo, evaluó los últimos indicadores de reactivación industrial, el peso del petróleo en las cadenas productivas y los desafíos estructurales que impiden una estabilidad económica de largo plazo.
El incremento en las facturas domiciliarias no obedece a un encarecimiento real en la prestación técnica del servicio, sino a un proceso de normalización de las tarifas que expone las históricas ventajas regulatorias de las que gozó el centro del país. «Cuando analizamos los servicios públicos en la Argentina, es fundamental ver en qué zona geográfica nos paramos. Durante muchos años tuvimos un esquema donde el Estado pagaba una porción muy grande de lo que consumíamos. Esto ocurrió centralmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano Bonaerense por decisiones estratégicas de las gestiones anteriores. Un sanrafaelino pagaba hasta cuatro veces más por un pasaje de colectivo o por la luz y el gas de lo que se abonaba en el Gran Buenos Aires«, expuso Pía Ariet.
«El recorte de subsidios comenzó primero por el interior profundo, y recién ahora se está aplicando en el centro del país. Por eso, el impacto se siente con más fuerza allá: no es que aumentó el servicio en sí, sino lo que el usuario efectivamente debe pagar de su bolsillo. Los provincianos lo notamos menos porque veníamos pagando casi el cien por ciento de la tarifa real», analizó.
El dilema fiscal del federalismo y las zonas frías
La reciente modificación parlamentaria en Diputados (ahora deberá ser tratado en Senadores) al régimen de zonas frías redujo drásticamente el mapa de beneficios tarifarios para el consumo de gas residencial, encendiendo la polémica en Mendoza, donde únicamente el departamento de Malargüe conservaría la cobertura total. «El esquema anterior tenía distorsiones evidentes. La Provincia de Buenos Aires gozaba del mismo subsidio por zona fría que provincias patagónicas como Neuquén. ¿Con qué se pagaba el gas de la provincia con mayor masa de votos? Con el aporte de todos los argentinos. Termina siendo un sistema donde un ciudadano de Santiago del Estero, mediante sus impuestos, le financiaba el servicio a un habitante de la zona más rica del país. ¿Es horrible que a partir de ahora la gente tenga que pagar más y consuma menos? Sí. Pero también está mal la asimetría federal», opinó la economista.
«Los economistas siempre repetimos que las necesidades son infinitas pero los recursos son escasos; hay que elegir si el Estado financia obras de infraestructura o si subsidia de forma generalizada el gas de Buenos Aires. El problema de arrasar con estas medidas sin un análisis estadístico previo de temperaturas promedio es que terminan pagando justos por pecadores, dejando desamparados a territorios mendocinos que verdaderamente necesitaban el beneficio por sus condiciones climáticas reales», coincidió.
La caída del consumo y su efecto dominó en el empleo
La rigidez en los costos de los servicios esenciales obliga a las familias a reconfigurar sus presupuestos mensuales, afectando de manera directa el dinamismo comercial del mercado interno. Este fenómeno se manifiesta inicialmente en el recorte de los bienes no esenciales; al tratarse de prestaciones imposibles de suspender o prescindir (como la luz, el gas o el agua), el usuario absorbe el incremento tarifario reduciendo de forma inmediata el gasto en otros sectores de la economía, como el entretenimiento, la indumentaria o ciertos bienes de consumo masivo prescindibles.
Esta retracción genera un impacto en cadena que se propaga rápidamente por todo el circuito comercial. La disminución en las compras del hogar golpea en primera instancia al comercio minorista de cercanía, que ve reducir sus niveles de facturación diaria, y se traslada de inmediato a las líneas de comercialización mayoristas y de distribución, las cuales se ven obligadas a achicar sus pedidos ante la acumulación de stock no vendido en los depósitos.
La fase final de este proceso se traduce en una directa consecuencia laboral que afecta la estabilidad de los puestos de trabajo. «No es gratis bajar el consumo de la población. Cuando el consumo se desploma, cae la cantidad de producción de las fábricas y, en consecuencia, se resiente la demanda de mano de obra y empleo», advirtió la economista Paula Pía Ariet.
De este modo, la pérdida de poder adquisitivo en el eslabón final de la cadena termina por presionar a las industrias manufactureras, las cuales, ante un mercado interno paralizado, se ven obligadas a suspender líneas de producción, frenar contrataciones e incluso reducir sus planteles de personal, completando así el círculo vicioso de la recesión.
La presión del crudo y los primeros brotes verdes de la industria
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) arrojó un repunte interanual del 5,5% en marzo y un alza del 3,5% desestacionalizado respecto a febrero, empujado por la construcción y las manufacturas, un escenario que convive con amenazas externas sobre los costos de producción. «Los últimos datos sectoriales son positivos y marcan una leve recuperación, que es lo que habitualmente se observa tras los meses de enero y febrero, que estacionalmente muestran caídas muy profundas. Sin embargo, esto no significa que hayamos salido de la crisis ni que estemos en un proceso de crecimiento consolidado; queda muchísimo por recuperar», observó la experta.
«Además, el panorama está condicionado por variables externas complejas como el precio internacional del petróleo, afectado por el conflicto en Medio Oriente. El crudo tiene un impacto mucho más grande del que imaginamos. No solo encarece los combustibles en la cadena logística de transporte, sino que es el insumo principal para el plástico, un material presente en el 95% de los productos que se comercializan en la economía nacional. Esa presión de costos impedirá que la baja de precios sea un proceso rápido», aseguró en diálogo con FM Vos 94.5.
El péndulo político argentino como barra para la inversión
La falta de políticas de Estado previsibles en el mediano plazo y la cercanía de nuevos procesos electorales configuran un escenario de cautela que dilata la llegada de capitales privados. «Aún nos faltan condiciones de estabilidad que consoliden una línea de tendencia clara. En Argentina nos asustamos ante la proximidad de las elecciones, y cuando el actor económico se asusta, se paraliza, deja de invertir y el crecimiento se detiene», aseveró.
«Es muy difícil predecir si estos números positivos llegaron para quedarse porque los argentinos cambiamos de forma drástica. En cuatro años pasamos de un gobierno de matriz de izquierda a uno de extrema derecha», agregó Paula Pía Ariet.
«Y el gran problema histórico de nuestro país es que cada administración que arranca viene a arrasar con todo lo hecho por la anterior para empezar de vuelta desde cero. Ante esa falta de reglas claras, el inversor prefiere esperar a ver si el rumbo se sostiene o cambia en seis meses. Por el momento, la economía continuará en una dinámica de subas y bajas permanentes; los crecimientos reales no serán ni tan rápidos ni tan lineales», completó su análisis.
