Según el politólogo Álvaro Olmedo, el fallo por corrupción contra Cristina Kirchner, además de lo jurídico, tiene profundos efectos en el ámbito político y revela según él preocupantes vínculos entre los jueces y sectores del poder político.
“Acá hay dos enfoques, dos andariveles de los cuales debería funcionar solamente uno y lamentablemente no es así”, afirmó Olmedo a Diario San Rafael y FM Vos 94.5, haciendo referencia a la injerencia política en lo que debiera ser exclusivamente un proceso judicial. En su análisis, el politólogo señaló que no pretende emitir una opinión sobre la culpabilidad o inocencia de Kirchner. “No soy profesional de la materia y no he tenido acceso al expediente, de manera que no tengo acceso a fuente directa. Pero puedo decir que muchos de los que opinan tampoco lo han tenido”, expresó, cuestionando la cantidad de voces que se han pronunciado sobre el fallo sin conocimiento directo del caso.
“Este fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, sin duda alguna, va a ser apelado ante la Suprema Corte de Justicia”, indicó. Además, resaltó la importancia de esta instancia final para el futuro del caso, pero no dejó de lado el aspecto político involucrado en dicha apelación: “Aquí se va a producir otro elemento político muy importante, yo diría trascendente, no sólo para este hecho, sino para todos los que vienen en adelante”.
En su análisis, el politólogo hizo referencia a la próxima salida de uno de los miembros de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, a fin de año, lo cual dejaría el máximo tribunal con solo tres de los cinco jueces previstos por la Constitución. Según Olmedo, esto obligaría a realizar un nombramiento, y este proceso podría generar nuevos conflictos de intereses. “Ahí, necesariamente hay que hacer un nombramiento de dos jueces y esto puede ser determinante”, advirtió.
El politólogo enfatizó que las sugerencias para estos nombramientos provienen del Poder Ejecutivo, pero que la selección final requerirá un acuerdo especial. “Como hay que alcanzar una mayoría especial, seguramente serán parte de una negociación”, detalló. Al respecto, Olmedo indicó que uno de los nombres propuestos, el juez Ariel Lijo, genera controversia incluso dentro de las filas del partido Libertad Avanza. “Hay personas, inclusive diputados de la propia Libertad Avanza que están casi emprendiendo una campaña en contra de Lijo”, comentó anticipando el debate que se avecina en torno a las nuevas designaciones judiciales.
En cuanto a la posibilidad de que un eventual nombramiento de Lijo pudiera favorecer a Cristina Kirchner, Olmedo fue escéptico. “Es muy difícil de saberlo”, admitió, y explicó que, aunque los jueces designados tengan una relación previa con determinados sectores, el comportamiento de los magistrados cambia una vez que asumen el cargo. “Una vez que los miembros asumen, digamos, ese cargo vitalicio empiezan a tener un comportamiento muy funcional a los oficialismos”, afirmó. En su opinión, históricamente las cortes de justicia en Argentina han mostrado un comportamiento que favorece al poder en turno: “Las Supremas Cortes de Justicia han llegado inclusive a avalar golpes de Estado”.
Para Olmedo, la independencia de los jueces que emitieron el fallo contra Kirchner es cuestionable debido a sus relaciones previas con la administración del ex presidente Mauricio Macri. “Hornos ha visitado a la Casa Rosada en reiteradas oportunidades, es decir, un juez reuniéndose con el presidente. Borinsky era parte del juego al tenis que llevaba adelante el entonces presidente Macri”, sostuvo. Olmedo señaló también que Borinsky y otros jueces que formaron parte de este proceso tienen vínculos con la administración macrista, lo cual podría comprometer su imparcialidad: “Hay una vinculación muy fuerte entre estos jueces que han emitido el fallo con el ex presidente Macri”, aseguró. Además, resaltó que esta situación podría afectar la percepción de la justicia por parte de la ciudadanía: “Me parece imposible pensar desde la imparcialidad de la justicia. Esto, por supuesto, creo que le hace muy, pero muy mal a la política”.
El politólogo también vinculó esta situación con lo que considera una estrategia de persecución judicial contra líderes políticos de izquierda en Latinoamérica. “Creo que estamos ante la presencia del ‘Lawfare’ y esto no es un invento. Basta con una mirada, con expandir un poco la mirada de qué es lo que ha pasado con los líderes populares en Latinoamérica en los últimos 10 años”, comentó. Olmedo mencionó casos como el de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Fernando Lugo en Paraguay, donde, según él, los sistemas judiciales también han sido utilizados como herramientas políticas. Sin embargo, esta postura fue cuestionada por el entrevistador, quien subrayó que el argumento del “Lawfare” es sostenido por el kirchnerismo, pero que “no hay pruebas concretas” que respalden tales acusaciones.
Ante este cuestionamiento, Olmedo defendió la existencia de pruebas que sostienen sus afirmaciones. “Yo creo que hay pruebas, digamos”, refiriéndose a un informe de Javier Iguacel sobre la investigación en Santa Cruz. “Es recomendable leer cuál es el informe final, cuál es el dictamen final que emiten los auditores. Me parece muy, muy interesante en el cual se manifiesta que no se encuentran delitos de manera evidente”, sostuvo. Pese a estas declaraciones, el periodista insistió en que tales argumentos aún no han sido considerados válidos por la justicia, a lo que Olmedo respondió: “Es que de la causa no salen pruebas. Es decir, lo que nosotros tenemos a través de la prensa como la expresión de los jueces, no se hace referencia a ninguna prueba, a ningún monto”.
Finalmente, Olmedo señaló que, en su opinión, esta visión crítica de la justicia coincide con la perspectiva del kirchnerismo, que cuestiona la actuación de los jueces mientras evita responder sobre los cargos de corrupción contra Cristina Kirchner. Sin embargo, Olmedo se desmarcó de cualquier alineamiento político. “Yo no estoy hablando en razón o en función de los argumentos del kirchnerismo que inclusive no los conozco en profundidad. Lo que estoy diciendo es que pensar que estos jueces que provienen del macrismo puedan actuar con total independencia cuando hoy Macri es el socio número uno de Javier Milei, sería caer en una inocencia que no se puede sostener tampoco desde la lógica”, expresó.
Con respecto al sistema judicial, Olmedo concluyó que no confía en su independencia ni en su capacidad para actuar sin influencias políticas. “Yo no creo que esto se ajuste a derecho. No creo que se pueda ajustar a derecho jueces que están comprometidos políticamente, pero reitero, con pruebas”, afirmó, refiriéndose nuevamente a las reuniones entre jueces y políticos en el pasado. Olmedo consideró que la única solución es una reforma profunda de la justicia argentina, ya que “no hay posibilidades de una democracia sólida y de una República con una institucionalidad muy fuerte con esta justicia”.
