Recientemente se publicó el decreto 446/25, que desregula el mercado del gas licuado y modifica la Ley vigente N.º 26.020, estableciendo que el precio de las garrafas de gas pase a ser libre. Según el censo de 2022, el 48,6 % de la población argentina cuenta con gas natural por red, el 43,9% utiliza garrafas, el 2,4% emplea tubos de gas, el 3,5% recurre exclusivamente a la electricidad para cocinar y calefaccionar, y el 1,6% depende de la leña u otros medios. Es decir, más de la mitad de los argentinos no tiene acceso al gas por red. En general, se trata de la población de menores recursos y en zonas rurales. Esto resulta una paradoja en un país cuyo principal recurso energético es, precisamente, el gas natural, que con esta medida deja el mercado del gas en garrafas totalmente liberado. Ante esta situación, el diputado nacional por Mendoza Julio Cobos expresó su preocupación y consideró que la resolución llega en un momento particularmente complejo por las condiciones meteorológicas del invierno y la alta demanda energética.
“El gas envasado, que no logramos entender por qué no está regulado también como es el gas en red, ahora queda totalmente liberado, sin precios de referencia, sin ninguna intervención del Estado”, señaló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Cobos, y advirtió que esta decisión nacional sería contrastada por planes de las provincias para no dejar desamparados a sus habitantes “seguramente va a terminar en mayores subsidios para aquellas provincias que tienen programas propios, como el caso de Mendoza con La Garrafa en tu Barrio”.
Según detalló el legislador, Mendoza cuenta con una cobertura del 63 por ciento de gas natural, por lo que el 37 por ciento restante depende de garrafas u otras fuentes. En ese sentido, mencionó que “el Gobierno provincial ha asegurado el mantenimiento del programa” que garantiza el acceso a garrafas subsidiadas en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, alertó que “habrá que aumentar el valor de los subsidios”, aunque hasta el momento “no se conoce cuál será el impacto presupuestario”.
Cobos recordó que, de acuerdo con el último censo, “el 48 por ciento de la población argentina tiene gas natural; el resto se soluciona con gas en garrafas, y un 7 por ciento con paneles fotovoltaicos, leña o carbón, sobre todo en zonas rurales”. Por eso, cuestionó el momento elegido para aplicar la medida. “Nos encontramos justamente en el periodo de mayor demanda, con grandes bajas temperaturas y restricciones en el suministro del gas envasado y del gas licuado. Esto obviamente va a hacer subir los precios”, subrayó.
Consultado sobre el impacto concreto que tendrá la decisión en Mendoza, Cobos insistió en que la provincia “tendrá que absorber el costo”, al igual que sucede en otros ámbitos donde la Nación ha retraído su presencia. “Esto se repite en muchos aspectos: rutas nacionales que no se hacen, fondos de incentivos docentes que no llegan. Todo cae, en definitiva, en la provincia”, sostuvo.
Asimismo, expresó su preocupación por la liberación del fraccionamiento del gas, otro aspecto del decreto. “Hay fraccionadoras autorizadas, pero ahora cualquiera puede fraccionar. Me imagino que imperarán condiciones de seguridad, porque estamos hablando de un tema delicado”, señaló.
En relación con los argumentos del Gobierno Nacional, que deja el precio librado a la oferta y la demanda, Cobos opinó: “En verano el consumo disminuye, con lo cual las cuentas al bolsillo de la gente se equilibran mejor. Pero en este momento del año, cuando hay mayor consumo, la situación es muy complicada. No comparto esta medida por la oportunidad ni por el tema”.
También hizo referencia a la necesidad de realizar inversiones estructurales que amplíen el acceso al gas natural en todo el país. “Lo ha padecido San Rafael con el tema del gasoducto, y muchas otras obras de infraestructura han quedado paralizadas. Hay provincias donde la cobertura de gas natural es cero, como Misiones, Corrientes o Chaco, y forman parte de nuestro país. Tenemos que atender también las necesidades de esas regiones”, reclamó.
Para Cobos, es urgente avanzar con la expansión de las redes de gas: “Lo que hace falta es acelerar la gestión y buscar formas creativas de que el Estado intervenga lo menos posible, que la rentabilidad del privado sea razonable y que la seguridad jurídica esté garantizada. Esto permitiría generar un círculo virtuoso”.
Por último, el diputado se refirió al fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que obliga a Argentina a transferir el 51 por ciento de las acciones de YPF al fondo Burford. Al respecto, sostuvo: “El Gobierno ya va a apelar esta medida, o si no lo ha hecho ya. Nosotros hemos presentado un proyecto rechazando este fallo porque afecta la inmunidad soberana. La jueza no puede interferir en la toma de las acciones, eso solo lo puede hacer el Congreso”.
Agregó que “lo que sí puede reclamarse es la suma pertinente que determine el juicio, o convocar a las partes a conciliar”. En ese sentido, consideró clave abrir una etapa de diálogo: “Si no, vamos a estar restringidos en inversiones, no solo por el riesgo país sino también por la falta de seguridad jurídica. Hay que defender nuestra postura pero también encontrar una solución razonable. Repsol en su momento tenía incumplimientos, desinversión, y todo eso debe ponerse sobre la mesa”.
