La reciente promulgación de la ley que modifica el Código Contravencional de Mendoza para sancionar a los padres de alumnos que ejerzan acoso escolar, marca un punto de inflexión en la gestión de la convivencia pública. No se trata simplemente de una medida punitiva; es el reconocimiento estatal de una quiebra en la estructura básica de la sociedad: la responsabilidad parental. Al convertir el bullying en una contravención pasible de multas y trabajo comunitario, la provincia deja de mirar al aula como un compartimento estanco y traslada el conflicto al seno del hogar.
Históricamente, el sistema educativo ha cargado con la titánica tarea de ser el único contenedor de las violencias que los menores trasladan desde sus entornos privados. Sin embargo, la lógica de la «escuela-guardería» ha fracasado sistemáticamente ante la crueldad del acoso sistemático. La sanción que hoy se impone —que puede llegar a multas de casi un millón de pesos o arrestos de hasta diez días— busca atacar la raíz del problema: la indiferencia o la incapacidad de los progenitores para intervenir en la conducta de sus hijos.
En San Rafael, donde la cercanía de los vínculos comunitarios a menudo amplifica las consecuencias sociales del acoso, esta ley se enfrenta a un desafío operativo y ético. Las instituciones locales, desde las escuelas del centro hasta los establecimientos rurales de nuestros distritos, lidian a diario con la tensión entre la autoridad pedagógica y la resistencia de padres que, en muchos casos, actúan como defensores corporativos de la violencia de sus hijos en lugar de ser agentes de corrección.
La aplicación de esta norma en nuestro departamento requerirá de un criterio técnico impecable. No basta con la sanción económica; si el Estado no acompaña la multa con programas de reeducación emocional, corremos el riesgo de que la sanción sea vista meramente como un «impuesto a la mala conducta». La verdadera efectividad de la ley se medirá en la capacidad de los jueces para discernir entre la travesura adolescente y la patología del acoso que destruye vidas.
Esta reforma legislativa es, en el fondo, una pedagogía de la consecuencia. Mendoza le está diciendo a su ciudadanía que el derecho a la educación de unos no puede ser pisoteado por la falta de límites de otros. Al igual que sucede con los reclamos por daños al mobiliario público, la lógica es la misma: la libertad individual termina donde empieza el daño al prójimo, y el costo de ese daño debe recaer sobre el responsable legal.
El acoso escolar no es un «asunto de chicos»; es una vulneración de derechos humanos básicos. Si como sociedad hemos llegado al punto de necesitar un código de faltas para que un padre se haga cargo de la violencia que su hijo ejerce, es porque el contrato social previo se ha roto. Esta ley no es el remedio definitivo, pero es un límite necesario. San Rafael, con su idiosincrasia de esfuerzo y respeto mutuo, tiene ahora una herramienta más para exigir que la escuela vuelva a ser un lugar de aprendizaje y no un territorio de supervivencia.
