El año 2019 comenzó con un inusual movimiento en el ámbito policial y judicial

Enero, para quienes hacemos periodismo, suele ser un mes “planchado”, pues habitualmente es la época cuando la mayoría opta por descansar para recargar energías y así afrontar un largo año. En algunos ámbitos específicos, esa falta de actividad se advierte todavía más, como por ejemplo en el Poder Judicial.
Sin embargo, a diferencia de otros años, el comienzo de 2019 ha sido intenso en San Rafael, debido a una serie de sucesos que han “sacudido” la tranquilidad de enero y que no solamente han cobrado relevancia local, sino también provincial, nacional e incluso internacional.

Cura Scarlata
Desde esta parte de Mendoza “pateamos el tablero” con una noticia que generó repercusión no solo en Argentina, sino también en otros países. Fue la historia del cura Carlos Scarlata y las sospechas que pesan sobre él en relación a que habría omitido auxiliar a Valeria Cornejo, una docente con la que mantenía una relación amorosa y que falleció como consecuencia de la diabetes que padecía el 30 de octubre del año pasado.
Scarlata admitió, ante el fiscal Javier Giaroli, que mantenía una relación con Valeria, lo que va en contra de lo que establece el Código de Derecho Canónico. Respecto a lo penal, en los próximos días se espera el informe de la pericia ordenada sobre el teléfono de la docente, lo que podría ser clave para saber cómo será el futuro procesal sacerdote.
Mientras Scarlata es investigado, el Obispado de San Rafael decidió suspenderlo de sus “funciones ministeriales”, según un comunicado que difundió el organismo a través de sus redes sociales.

“Chacal” de Rama Caída
El pasado viernes una gravísima denuncia sorprendió a policías de la subcomisaría de Rama Caída. Cinco hermanas se presentaron en la dependencia para denunciar a su padre, a quien acusaron de abusarlas –a ellas y a dos de sus hijas (nietas del hombre)– durante una década.
El sujeto de 70 años permanece detenido en la dependencia policial, a la espera de una serie de pericias que ordenó el fiscal Javier Giaroli. La defensa del imputado solicitó el arresto domiciliario; sin embargo, las condiciones de salud del presunto abusador no lo eximen de ser derivado a la cárcel.
Existe, en torno a este hombre, un antecedente previo: en 2016 fue condenado por abuso sexual simple con una pena de 3 años de prisión en suspenso. Ese dato será clave para el avance de la nueva investigación.

Los hermanos millonarios
Marcos y Elías Scalia viven en Neuquén pero son de San Rafael, hasta donde llegaron días atrás y se hospedaron en el hotel Tower de la avenida Yrigoyen.
El domingo, en un confuso episodio, un trabajador gastronómico denunció que fue amenazado con un arma y despojado de una mochila por un hombre que se desplazaba –cerca de la terminal– a bordo de un Audi A3, propiedad de Marcos Scalia. A partir de ese hecho se inició un operativo por el que Policía Vial interceptó el vehículo de alta gama en Yrigoyen y Moreno y detuvo al conductor. Del auto se secuestraron casi 30 mil dólares y más de 300.000 pesos, además de la pistola 9 milímetros.
Cuando los uniformados trabajaban en el Audi, apareció Elías Scalia, el otro hermano, indagando de qué se trataba el procedimiento contra Marcos. Pero la jugada le salió mal, ya que los policías advirtieron una sospechosa actitud en él y decidieron revisar el Peugeot 308 en el que se movilizaba. En ese rodado aparecieron 33 mil dólares y 60 mil pesos argentinos, además de un revólver calibre 32 largo.
Ayer, al cierre de esta edición, se aguardaba el traslado a la cárcel de los hermanos Scalia. Por un lado, se supo que la pistola 9 milímetros que le secuestraron a Marcos fue robada a un policía en Neuquén y podría costarle otra causa por encubrimiento. Elías también está complicado, ya que posee una condena por robo del año 2015 en Neuquén.
Marcos Scalia está imputado por “robo agravado por uso de arma de fuego y portación ilegal de uso de arma de guerra en concurso real”. Elías Scalia está imputado por “tenencia ilegal de arma de uso civil”.

Abuso en la Isla
El 6 de enero, en la madrugada, una joven denunció haber sido víctima de un brutal abuso sexual sobre calle Amapolas, en la Isla del Río Diamante.
Las primeras actuaciones policiales y forenses confirmaron los dichos de la mujer y, a instancias de esa denuncia, se detuvo a G.F., un joven de 21 años que actualmente se encuentra imputado por “abuso sexual agravado con acceso carnal y amenazas por uso de arma de fuego”.
Hoy, en tribunales, se resolverá si G.F. recibe prisión preventiva mientras avanza la investigación que inició el fiscal Javier Giaroli.

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